El Gobierno aprobó ha aprobado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que reconocerá como víctimas de este maltrato machista a hijos e hijas menores, a familiares y parejas de la mujer víctima de violencia de género.
El texto, que constituye la primera ley integral sobre esta cuestión, busca combatir una realidad “insuficientemente reconocida y combatida en el ordenamiento jurídico español”, desde la prevención al enjuiciamiento y define la violencia vicaria como “aquella que, con el objetivo de causar dolor y sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes”, personas menores de edad sujetas a su guarda y custodia, ascendientes, hermanos y parejas o antiguas parejas de la víctima. Un tipo de violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o la expareja “a través de persona interpuesta”, entre las que se encuentran los supuestos citados anteriormente.
Asimismo, introduce en el Código Penal un nuevo artículo –el 173 bis– que tipifica este tipo de violencia como un delito contra la integridad moral de las mujeres con penas de prisión que abarcan desde los seis meses hasta los tres años. Además, incluye la pena accesoria para la prohibición de que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes como sucedió con el asesino José Bretón y el libro El odio. También obliga a escuchar a los menores antes de decidir sobre el régimen de guardia y custodia y solo se prescindirá de su intervención como excepción que tendrá que ser motivada.
Posteriormente al Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que la ley vuelve a poner al Estado “a la vanguardia de las políticas de defensa de la igualdad” cuando la violencia machista sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrenta todavía hoy la sociedad.
La titular de Igualdad indicó que la futura norma nace con tres objetivos: proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con “estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan inconcebibles”; definir y tipificar la violencia vicaria en el ordenamiento jurídico; y desarrollar el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge alrededor de 40 medidas de este tipo de violencia de género.
Ley pionera en el mundo
Esta futura ley será pionera en el mundo dado que los pocos países que prestan atención a esta cuestión han optado por un paraguas de protección distinto, ya sean protocolos, medidas preventivas, códigos penales o leyes que regulan de modo genérico la violencia machista.
En Europa, la violencia vicaria no está explicitada como tal y se penaliza en leyes de protección a la infancia, códigos penales o el Derecho de familia para la suspensión de la custodia o visitas, entre otros instrumentos jurídicos.
Las directivas europeas exigen la protección y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la ejercida a través de terceros, pero no menciona aún de forma expresa la vicaria.
Este fenómeno, muchas veces invisibilizado, se reconoce en la UE bajo el paraguas de “violencia doméstica o de género” y se aborda mediante protocolos específicos (en procedimientos de familia, servicios sociales y justicia), pero no suele estar tipificada de manera individual ni explícita.
En el año 2004, España ya fue referente mundial con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia, a partir de entonces denominada de Género, una de las promesas electorales del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
65 víctimas de violencia vicaria desde 2013
La ministra ha recordado que, desde que hay registros, en 2013, un total de 65 niñas han sido asesinados por violencia vicaria. Mientras, en 2024, fueron nueve los menores asesinados y tres en lo que va de 2025.
2015 y 2024 fueron los años más cruentos en cuanto a asesinatos de menores por violencia de género a manos de sus padres o las parejas o exparejas de sus madres, con nueve víctimas mortales cada uno. La inmensa mayoría de los asesinos eran el padre biológico de las víctimas, el 86%.
Redondo ha destacado la importancia de "proteger a las víctimas, pero también concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan absolutamente inconcebibles".
