El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido el 'visto bueno' para su plan de reconvertir el Monumento a los Caídos en un centro de interpretación de memoria histórica y denuncia del fascismo que llevará el nombre de Maravillas Lamberto. La modificación del catálogo municipal de protección, ya aprobada, ha recibido el informe favorable —y vinculante— de la institución Príncipe de Viana, lo que otorga vía libre al Consistorio para convocar el concurso de arquitectura.
Joxe Abaurrea, concejal de Urbanismo, ha subrayado la importancia del dictamen recibido: "Lo llevaremos al próximo pleno en octubre. Durante ese mes tendremos el informe de los expertos. Con eso se hará el concurso. Se desarrollará todo durante 2026 y nos gustaría tener la obra adjudicada a finales de ese año", ha añadido sobre los pasos a seguir de ahora en adelante.
Un marco de actuación delimitado
El informe establece con claridad los márgenes de intervención. El ganador del concurso sabrá de antemano qué zonas del edificio pueden modificarse y cuáles deberán conservarse. Según el Consistorio, la rebaja en el grado de protección “permite trabajar con cierta libertad, pero dentro de un terreno de juego acotado” por exigencias legales.
La principal novedad es la posibilidad de actuar en el cuerpo central del monumento, que incluye la planta noble a nivel de calle y el sótano. Este último alberga la cripta, las galerías vinculadas a la parroquia de Cristo Rey y la casa parroquial, situadas bajo las arquerías.
Qué se mantiene y qué se transforma
Aunque las pinturas murales de la cúpula deberán conservarse, el proyecto contempla cubrirlas con una lona. También se autoriza la intervención en toda la superficie del sótano —cripta, galerías, escaleras y arquerías laterales— y se abre la puerta a un “impacto delicado” en la cúpula, siempre sin eliminarla.
En el exterior, se prevén posibles transformaciones que podrían llegar incluso a una “ocultación parcial” del edificio.
El detalle del informe de Príncipe de Viana
El informe precisa que, con la nueva catalogación, se permitirá actuar en el exterior de la cúpula -incluida la eliminación de cruces o templetes y la incorporación de nuevos revestimientos o elementos artísticos-, al tiempo que se garantiza la conservación de las pinturas murales interiores, que podrán ser ocultadas sin destruirse para su posterior estudio y difusión.
La decisión se apoya en la Ley Foral que modificó la normativa de memoria histórica para incluir una disposición específica relativa al monumento. Dicha ley obliga a su resignificación, limita sus usos a fines educativos y de memoria democrática, y establece la retirada de elementos de exaltación franquista.
En este sentido, el informe subraya que incluso tras las exhumaciones realizadas y la retirada de simbología, el edificio seguía transmitiendo un mensaje de "propaganda totalitaria".
El expediente ha contado con distintas valoraciones técnicas. El Servicio de Patrimonio Histórico había recomendado mantener la protección actual del conjunto por su coherencia arquitectónica, al tratarse de un proyecto unitario de José Yárnoz y Víctor Eusa construido entre 1941 y 1952.
Sin embargo, Príncipe de Viana recalca que el análisis no puede limitarse a criterios formales, sino que debe incorporar la dimensión simbólica, histórica y social, en coherencia con la legislación de memoria y derechos culturales.
En este marco, la Dirección General de Memoria y Convivencia emitió un informe el 21 de agosto en el que valoró positivamente la propuesta del Ayuntamiento. Entre las actuaciones previstas figuran la demolición de la cripta y de las arquerías exteriores, la retirada de placas e inscripciones franquistas aún presentes y la ocultación parcial de la cúpula, medidas que considera coherentes con la ley y compatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El documento de Príncipe de Viana recuerda además que el patrimonio cultural no se concibe ya como un conjunto inmutable de bienes formales, sino como un proceso social en "constante reinterpretación".
La resolución concluye que la modificación solicitada es jurídicamente viable y cumple con el mandato normativo de resignificación, al posibilitar la retirada de simbología franquista, la redefinición de usos y la transformación del espacio hacia fines educativos y cívicos. No obstante, advierte de que corresponderá al departamento competente en materia de cultura establecer en el futuro las medidas necesarias para garantizar la coherencia con los principios de conservación y memoria democrática.
La resolución de Príncipe de Viana puede ser recurrida en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses.
Próximos pasos
Con la aprobación de Príncipe de Viana, el Consistorio tiene ahora el camino despejado para lanzar el concurso de ideas que definirá el futuro del Monumento a los Caídos. El proyecto ganador deberá equilibrar la memoria democrática con el respeto a los límites de conservación marcados, en este polémico edificio.
Nueva etapa
Desde su inauguración en 1952 como homenaje a los combatientes franquistas, el monumento, el segundo de exaltación más grande tras el de Cuelgamuros en Madrid, ha sido objeto de controversia social y política. El debate sobre su futuro se intensificó tras la llegada en 2015 de un gobierno municipal progresista (EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E), que planteó por primera vez su resignificación. Sin embargo, entre 2019 y 2023, con Navarra Suma al frente del Ayuntamiento, el proceso quedó prácticamente paralizado.
El regreso de un gobierno progresista en 2023 reactivó el proyecto. La apuesta es clara: resignificar el edificio y transformarlo en un espacio de memoria democrática descartando el derribo.
Uno de los principales escollos ha sido el grado de protección del inmueble. El Consistorio aprobó una modificación del catálogo municipal que rebaja la protección de algunos elementos —el cuerpo central, las arquerías y el sótano— para permitir un mayor margen de intervención.
La resignificación del Monumento a los Caídos ha sido objeto de continuos debates políticos. Para una parte de la izquierda, supone un paso en la reparación de la memoria histórica (desde Contigo-Zurekin han sido muy críticos con el acuerdo entre EH Bildu, PSN y Geroa Bai, ya que son partidarios del derribo). Para la derecha, en cambio, el edificio debería preservarse en su estado actual o con intervenciones mínimas. Además, durante años, distintos colectivos sociales, asociaciones de memoria histórica y vecinos han reclamado su derribo por considerarlo un símbolo vinculado a la dictadura franquista y contrario a los valores democráticos. Estas movilizaciones han mantenido vivo el debate público y han ejercido una presión constante sobre las instituciones para avanzar en su eliminación.
El PSN ha manifestado que el visto bueno de Príncipe de Viana a la resignificación es un avance "muy importante", que se hará en coherencia con la Ley de Memoria Democrática, la Ley Foral de reparación de las víctimas del franquismo y la Ley de Derechos Culturales, y espera que las primeras obras puedan iniciarse el próximo año, comenzando por la parte urbanística, aunque será necesario habilitar partidas específicas en los presupuestos municipales.
Con el camino despejado, el futuro del monumento dependerá del concurso de arquitectura, que marcará cómo se materializa una de las transformaciones urbanas y políticas más significativas de la ciudad en los últimos años.
