La masiva capacidad de producción de la industria china ha llegado al automóvil eléctrico, que ha entrado en el mercado europeo con una fuerza y a unos precios que han hecho saltar las alarmas. La Comisión Europea responde con la propuesta de gravar fiscalmente con una tasa de hasta el 48% las importaciones de estos vehículos. El golpe en la mesa tiene sentido como mecanismo para exigir el cumplimiento de las condiciones de libre comercio que proscriben la práctica del dumping –venta de un producto en un mercado ajeno a un precio rebajado artificialmente–. La Unión Europea ha sido muy rigurosa en la persecución de las ayudas de estado para no distorsionar la competencia interna en el mercado único y denuncia que China y su economía dirigida aplica la competencia desleal ‘dopando’ la producción con ayudas públicas. La relación calidad/precio de las gamas medias de vehículos eléctricos chinos es hoy imbatible y la industria europea debería procurar que sus productos sean accesibles para el consumidor medio, algo que ahora no está ocurriendo. China ha absorbido la tecnología de cada sector que captó con los bajos costes y hoy se revuelve inundando los mercados con su propio producto. La utilidad de una guerra comercial es más que discutible por diversas razones. En primer lugar, hay sectores de valor añadido que mantienen exportaciones en volúmenes elevados hacia el país asiático; además, no son pocas las empresas europeas que tienen plantas de producción instaladas allí; y hay suministros que dependen de la producción manufacturera china; de hecho, la Unión Europea es el segundo mayor importador de productos chinos lo que, por otro lado, debería ser una baza en favor de un entendimiento. Porque es ese entendimiento lo que más conviene a ambas partes pero para ello tiene que establecerse una garantía de competencia leal. El dumping de precios ya desgastó en el pasado a otros sectores de la industria europea, como el naval pesado, donde varios países asiáticos descolocaron del mercado a los astilleros europeos, inmersos a su vez en un pulso interno que los desgastó a todos. Las instituciones y los gobiernos europeos no pueden no pueden permitirse repetir el error con el sector del automóvil y la defensa de sus intereses no es sinónimo de un proteccionismo salvaje ni de una voluntad de conflicto.