Otro fantasma recorre este tiempo de la mano de la derecha: el obsceno revisionismo negro que intenta negar ahora la larga y oscura noche franquista. Los revisionistas cuentan con amparo mediático y el apoyo político e institucional del PP y Vox y el silencio cómplice cuando menos de otras formaciones como UPN. Nunca he entendido la pertinaz negativa de UPN y PP a posicionarse del lado de las víctimas de la dictadura. Lo de la ultraderecha lo doy por sabido. Tampoco he entendido esa sucesión de excusas para eludir su responsabilidad ética y democrática en este largo ya en el tiempo intento de recuperar la dignidad que merecen las víctimas de aquel genocidio –Navarra es un buen ejemplo de lo que el terrorismo franquista y solo en esta tierra acumula más de 3.200 asesinados y desaparecidos–, y de los familiares que han sufrido silenciados años de dolor, marginación y olvido y un afán por dar a sus muertos un descanso decoroso en la memoria de la historia. Pero entiendo y acepto aún menos está nueva ofensiva de PP y Vox de eliminar las leyes de memoria democrática y sustituirlas por una nueva legislación con un contenido delirante y falsario. Se trata de revisar la historia para reescribirla desde fundamentos que son una suma de mentiras. De momento, Castilla-León, Aragón y Comunidad Valenciana han impulsado ya eso que denominan leyes de concordia en las que se suprimen términos como dictadura para señalar al franquismo, se eliminan los mapas de las fosas comunes o se anula cualquier referencia a las violaciones de derechos humanos y ausencia de libertades de aquel régimen totalitario. La ONU ha reaccionado y ha denunciado esta legislación por ir contra la memoria histórica y los derechos humanos. También ha exigido al Estado parar esas leyes advirtiendo que puede ser objeto de sanciones en el ámbito internacional. En definitiva, poner fin a la apología permanente del genocidio franquista por parte de importantes sectores periodísticos, militares, religiosos, empresariales, etcétera, nostálgicos de aquel pasado antidemocrático y casposo por tribunas, cátedras, tribunales, púlpitos y medios de comunicación. Mientras, decenas de miles de personas siguen enterradas y desaparecidas en fosas por todo el Estado, también en Navarra. Curiosamente, el Parlamento de Navarra se pronunciaba este jueves en un sentido muy contrario al de este revisionismo y reclamaba –es cierto que con más abstenciones que votos a favor–, al Estado el reconocimiento de todas las víctimas de todas las violencias. Y el viernes la familia de Joxe Miguel Etxeberria Álvarez Naparra informaba de que un nuevo intento de localizar sus restos en Las Landas terminó sin éxito y será ahora la Audiencia Nacional la que decidirá si cierra o mantiene abierto este caso de desaparición forzosa. También reivindicaron la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, heredada precisamente del franquismo, para desclasificar documentos que podrían arrojar luz sobre esta de desaparición forzosa. De hecho, en su informe la ONU también insta al Gobierno español a que “tome las medidas necesarias” para garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y, sin duda, esa norma sobre secretos oficiales es un obstáculo para ello.