El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha entregado hoy en el Parlamento de Navarra 2.952 notas simples de bienes inmatriculados por la Iglesia en la Comunidad Foral, desde el año 1900, dando así cumplimiento a un mandato parlamentario en el que se instaba al Ejecutivo Foral a recopilar dicha información.
A través de los diferentes registros de la propiedad de la Comunidad Foral, se han recogido inmatriculaciones y operaciones de compra-venta de bienes anteriormente inmatriculados desde 1900 hasta este mismo año 2021.
De ese modo, la documentación entregada supera la literalidad del mandato del Parlamento, que solicitaba “las notas simples de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en sus distintas denominaciones (arzobispado, parroquia, diócesis o similares) al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria", en concreto sobre las inmatriculaciones realizadas "antes del año 1998, a las realizadas por los registros de la Propiedad números 3 y 8 de Pamplona entre 1998 y 2008, y a las realizadas en Navarra entre los años 2008 y 2015".
El consejero Eduardo Santos ha agradecido la colaboración de los diferentes registros de la propiedad y del Colegio de Registradores de la Propiedad en Navarra, a la hora de coordinar la recopilación de todos estos datos; y ha destacado que el Gobierno de Navarra “va a trabajar” para apoyar a los municipios que quieran recuperar los bienes comunes que han sido inmatriculados.
El consejero ha subrayado, también, “el trabajo coordinado de los departamentos de Políticas Migratorias y Justicia, desde el que se ha llevado a cabo esta recopilación; y los de Cohesión Territorial y Desarrollo Rural”.
Comparecencia parlamentaria
Santos ha entregado la documentación al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Uhalde, en soporte físico y en formato digital; y ha comparecido posteriormente, a petición propia, en la Comisión de Políticas Migratorias y Justicia de la Cámara, para explicar algunos detalles de los datos recabados.
Tras explicar el proceso seguido para la recopilación de las notas simples, el consejero ha explicado algunas cuestiones relacionadas con los periodos temporales de las operaciones registradas, con la distribución geográfica de los bienes inmatriculados; y con la tipología de dichos bienes.
En relación a la secuencia temporal, destaca la actividad de inmatriculación en dos décadas: la década de los 80, y la que va del 2000 al 2010. No obstante, la actividad en los diversos años no es igual dentro de cada década. Entre 1975 y 1985, por ejemplo, el grueso de inmatriculaciones se produce en un solo año: 1981, cuando se registraron 1.051 inmatriculaciones. Entre 1990 y 2010, Santos ha hablado de “una ola, que va de 1999 a 2008, con cuatro años cumbre: 2003, 2004, 2005 y 2006”. En total, en esos cuatro años se inmatricularon 865 propiedades. Una mayor actividad atribuible a la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada en 1998.
En relación a la tipología de los bienes inmatriculados, el grueso de los mismos corresponde a templos de diferente clase. Solo lo tipificado como templos parroquiales, ermitas, antiguas ermitas, iglesias, abadías y basílicas suma un total de 981 bienes, un 33% del total. Los templos parroquiales, 676, suponen la mayor cifra.
No obstante, hay otros bienes de diferente tipología que también suman números considerables. Es el caso de terrenos de labranza o explotaciones agrícolas, donde se clasificarían 234 huertos, 216 campos de cereal, 195 campos, 181 campos de secano o 16 campos de regadío.
En las notas simples recopiladas, por otro lado, figuran 187 viviendas y 101 fincas urbanas; aunque a ellas podrían sumarse otras tipologías como son los denominados “locales”, un total de 36; locales comerciales, que son 20; 9 garajes; u 8 patios. También aparecen 7 edificios, 3 frontones parroquiales, 10 trasteros, 7 sótanos o 3 parques.
La extensión de 575 campos de fútbol
Agrupadas estas propiedades por tipo de terreno, la suma es de 1.806 propiedades en terreno urbano, 1.073 rústicas, 2 rústicas y urbanas y 71 propiedades sin clasificar. “Con todo ello, hablamos de 653.453 metros cuadrados de extensión en fincas urbanas y 3 millones 429 mil 227 metros cuadrados en fincas rústicas”, ha destacado Santos, para señalar además que, en “la práctica totalidad” de los bienes inmuebles de fincas urbanas, únicamente figuran metros en superficie (planta baja) y no reales (quedarían fuera pisos en altura, desvanes o sótanos).
Con todo ello, incluidos los metros cuadrados sin clasificar, la cifra de metros cuadrados inmatriculados supera los 4.107.000; un equivalente a “575 campos de fútbol con las dimensiones de El Sadar”, ha señalado el consejero.
Las 2.952 propiedades de cuyos registros se tiene constancia se reparten en un total de 267 municipios. En números absolutos, es el Valle de Esteríbar el que tiene más bienes inmatriculados en su localidad, con un total de 109 propiedades inmatriculadas. Tras Pamplona, con 87, se ubican Baztan, con 75 propiedades inmatriculadas; Lóngida, con 64; Gallués, con 60; Eguesibar, con 56, y Guesalaz, con 54.
El consejero, no obstante, ha realizado también una agrupación de los datos por merindades, para señalar que la distribución “no es uniforme”. El grueso de las propiedades inmatriculadas se encuentra en la Merindad de Sangüesa (1.036) y la de Pamplona (904), que junto a la de Estella concentran el 86% de los bienes inmatriculados.
En todo caso, el consejero Santos ha puesto las cifras totales en relación a la extensión de las merindades y a la población de las mismas, para señalar que las propiedades inmatriculadas “se concentran en zonas rurales, con poca densidad de población; y que las merindades de Sangüesa y Estella, seguidas por la de Olite, son las más afectadas”.
Acciones a futuro
Eduardo Santos ha querido anunciar, en sede parlamentaria, que el Gobierno va a trabajar “para dar el soporte que sea necesario para que los ayuntamientos y entidades locales puedan llevar a cabo las acciones que consideren oportunas, en defensa del bien común”.
Como ejemplo, ha puesto el caso de los comunales, que “deberán ser estudiados con especial atención”. “Tras la detección, precisa y académica, de esos terrenos de comunal, se podrán articular las vías de colaboración oportunas, entre el Gobierno y las entidades locales”, ha indicado Eduardo Santos; “una colaboración que pretende garantizar la defensa del comunal y de otros bienes comunes a dichas entidades locales”.
“Como Gobierno de Navarra, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ningún municipio navarro tenga que dejar de pelear, por motivos económicos o de complejidad jurídica, por aquello que considere propio”, ha concluido el consejero.