La Conferencia Episcopal percibió el pasado año 6 millones de fondos públicos provenientes de la casilla del 0,7% de la declaración de la renta en Navarra. Una cantidad similar a la que espera recibir este año -la cifra final dependerá de que los contribuyentes navarros marquen la casilla correspondiente-, y cuyo destino no detalla ante la Hacienda Foral.
Los fondos públicos que percibe la Iglesia Católica por el IRPF no están sujetos a la reglamentación de la Ley de Subvenciones de Navarra que regula el resto de ayudas a colectivos y entidades sociales, por lo que no se somete a las mismas actuaciones de comprobación y control público, ni debe aportar documentos justificativos ante el Gobierno foral que acrediten el destino del dinero recibido por la asignación tributaria.
En su lugar, la Iglesia se rige por una orden ministerial de competencia estatal, por la que Navarra aportar al Ministerio de Hacienda los datos de declarantes y la cuantía tributada para su posterior ajuste económico. Es el Estado quien realiza la transferencia económica de forma directa a la jerarquía católica.
301 millones al año
El pasado año, la Iglesia recibió por la casilla de la declaración de la renta 301 millones en el conjunto del Estado, lo correspondiente a siete millones de declaraciones. Por normativa, la Iglesia está obligada a justificar ante el Estado los ingresos públicos que recibe.
Sin embargo, según constata el informe del Tribunal de Cuentas de julio del pasado año, la Administración General del Estado no dispone de la información necesaria sobre en qué áreas gastan las diócesis de la Iglesia Católica los recursos provenientes del IRPF ni de las exenciones fiscales. El Informe destaca así que la Iglesia elabora más una memoria de actividades que una memoria justificativa que explique cómo la asignación tributaria del Estado contribuye a su sostenimiento económico.
Según el Tribunal de Cuentas, "la ausencia de criterios acerca del contenido de la memoria hace que esta resulte insuficiente para que el Estado pueda cumplir sus obligaciones derivadas del Acuerdo de 1979 y las derivadas de la normativa comunitaria". El informe indica además que no existe ni normativa ni acuerdo que establezca las necesidades de la Iglesia, a cuyo sostenimiento el Estado se compromete a colaborar, por lo que "esta ausencia de concreción impide determinar con precisión la existencia de insuficiencias o excesos de financiación".
En Navarra, en la campaña de la renta del pasado año 115.107 contribuyentes optaron por la casilla de la Iglesia, que suponen el 23% del total de los contribuyentes. Un 8,5% en cambio optó por repartir el 0,7% entre la Iglesia y los fines sociales. La cifra es inferior a la media estatal (32,4%). La comunidad con más declarantes es Castilla La Mancha (45%), y la que menos Catalunya (17%).
