Coste desigual de los recortes

MUCHOS análisis han puesto de relieve que los costes de la crisis y de las políticas que están aplicando los gobiernos al servicio de la banca y de las multinacionales, como en España, recaen principalmente sobre la clase trabajadora y, de forma muy particular, sobre las mujeres, hecho al que, sin embargo, se le suele conceder mucha menos importancia.

Ahora mismo, la primera preocupación de trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones sindicales es el mantenimiento del empleo, incluso por delante del salario y, por supuesto, de las medidas de igualdad. Por tanto, la crisis está alterando la relación de fuerzas y las prioridades en las negociaciones, pasando factura a la posibilidad de conciliar, lo que puede dar al traste con los avances que se han ido consiguiendo.

Así, en cuanto comenzaron a tomarse medidas contra la crisis, un eufemismo que en realidad ha significado medidas a favor de la banca y de las grandes multinacionales, lo primero que hizo el anterior Gobierno, incluso a costa de no cumplir su propia ley de igualdad, fue dejar de evaluar el impacto de sus decisiones sobre la diferente situación de hombres y mujeres. Es decir, intentar ocultar su efecto sobre el aumento de las desigualdades.

Y ahora, con la primera batería de medidas que acaba de implantar el Gobierno del señor Rajoy, se muestra claramente que las cargas de la crisis se siguen repartiendo muy desigualmente entre la población, y que perjudican de un modo especial a las mujeres.

En primer lugar, la congelación del salario mínimo (lo que no sucedía desde 1967) perjudica especialmente a las trabajadoras; a los datos me remito: el 15,25% de las mujeres asalariadas ganan menos que el salario mínimo, frente al 5% de hombres. Entre ellas, las mujeres dedicadas al servicio doméstico, el 90% de este sector, que emplea en España a 686.000 personas y cuya referencia retributiva es el salario mínimo.

Por otra parte, el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad supone un nuevo y vergonzoso incumplimiento de la ley, ya que debería haber entrado en vigor el año pasado, silenciando así la necesidad de avanzar hacia la corresponsabilidad, y ello a pesar de que su coste, al contrario de lo que intentan trasmitir, es ínfimo.

También la pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir las pensiones perjudica sobre todo a las mujeres, ya que el 70% de las pensiones que estas perciben son no contributivas, es decir, aquellas que se equiparan con el salario mínimo.

Asimismo, y en términos generales, no podemos olvidar que la disminución del gasto social está perjudicando más a las mujeres, porque los recortes, como está pasando especialmente en las comunidades gobernadas por el PP, se están aplicando a servicios específicamente destinados a cubrir necesidades o intereses femeninos, como los institutos de la mujer, los servicios de ayuda jurídica o los destinados a luchar contra la violencia de género, sin olvidar la moratoria de la puesta en marcha de la ley de dependencia, lo que supone un perjuicio y una carga adicional, puesto que son mujeres la inmensa mayoría de quienes asumen la tarea de cuidar a las personas dependientes.

Por último, tampoco podemos pasar por alto la congelación de las plantillas en el sector público, un sector feminizado (sanidad y educación) en donde los recortes están siendo, si cabe, mayores, y cuya finalidad no es otra que la privatización de los servicios públicos.

En definitiva, las clases trabajadoras y los grupos sociales de menor renta en general son los que están pagando en mayor medida los costes de las políticas que se están aplicando.

No se puede creer que con más empleo a tiempo parcial o con los minijobs se dé la posibilidad real de generar más actividad y más puestos de trabajo decentes, sino otra cosa muy distinta: lo que provocarán inevitablemente será una modificación de la división del trabajo, una versión postmoderna de la pata quebrada. Por ello, las alternativas no deben dirigirse a recortar la igualdad de derechos y la protección social, sino a desarrollar un nuevo modelo social y económico basado en un nuevo sistema financiero y de relaciones sociales y laborales justas y de igualdad, que permitan garantizar una vida digna. Esto es, racionalizar los gastos invirtiendo en el mantenimiento de los servicios públicos de calidad, en el empleo, en programas de prevención, en una palabra, invertir en las personas para garantizar la igualdad de oportunidades, sin olvidar racionalizar la economía, recortando los beneficios lucrativos desorbitados de la clase política y financiera de este país, y persiguiendo el fraude fiscal de las grandes fortunas que, por cierto, sí es un atentado contra los Derechos Humanos y el principio de igualdad en la época que vivimos.

Lo cierto es que la igualdad entre hombres y mujeres, derecho fundamental consagrado por la Constitución, se ha visto relegada en este periodo de recortes de derechos a los que menos tienen, o a los que lo tienen peor, y en el que el frenazo a las políticas de igualdad se justifica por la falta de presupuestos. No olvidemos que en muchas ocasiones la clase empresarial y los conservadores más reaccionarios han señalado que las políticas de igualdad son simplemente guindas, una moda pasajera y, por lo tanto, algo de lo que se puede prescindir, un lujo que ni siquiera en tiempos de expansión nos podemos permitir, dejando así de manifiesto no solo su carácter arcaico y patriarcal, sino su más absoluta ignorancia, ya que está demostrado que la desigualdad y la discriminación entre los seres humanos han sido el mayor freno en el progreso de un país.