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Enero muestra el triste récord de superar los 50.000 desempleados, una realidad muy grave que cuestiona la política fiscal y de recortes de UPN y PSN e incide en la necesidad de un modelo socioeconómico propio desde el autogobierno
Viernes, 3 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:08h
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nAVARRRA batió en enero un triste récord estadístico al superar por primera vez las 50.000 personas desempleadas. Los datos del mes pasado y, sobre todo, el balance del año 2011 en Navarra muestran un panorama tan sombrío sobre el mercado de trabajo y la desaceleración económica que incluso la presidenta Barcina tuvo que trastocar sus habitualmente autocomplacientes y propagandísticas reflexiones sobre la realidad socioeconómica y admitir que la situación es preocupante. Es mucho más, y lo peor es la amenazante sensación de caída libre ante un Gobierno que se muestra incapaz de revertir la situación y que cada día ofrece nuevas muestras del agotamiento de un modelo político que carece de políticas alternativas. Al mismo tiempo, el crecimiento del desempleo evidencia que la política de recortes, que afecta tanto a derechos sociales y a la calidad de las prestaciones públicas como al modelo de relaciones laborales, no ha tenido efecto positivo alguno ni en la reactivación de la economía ni en la creación de empleo. Al contrario, los recortes y la torpe subida de impuestos impulsados por UPN y PSN arrojan un mayor aumento del desempleo tanto en el ámbito público como en el privado. La dura realidad de los datos del paro -el Estado español mantiene la media más alta de la UE- refleja que quizá no sean la inflación y el déficit los problemas de fondo de la economía, sino la ausencia de unas políticas expansivas que abran la puerta al empleo y al consumo y la pérdida de recaudación fiscal tras sucesivas reformas tributarias que han abandonado los criterios de progresividad y redistribución de la riqueza. Los ciudadanos navarros -trabajadores, comerciantes, autónomos, pequeños y medianos empresarios y jóvenes principalmente- padecen las consecuencias con pérdida del patrimonio familiar, descenso en la calidad de los servicios públicos y reducción de su capacidad de consumo y de ahorro, mientras el Gobierno de Barcina suma a la falta de eficacia en la gestión y a la confusión permanente en la toma de decisiones, una actitud de seguidismo a las políticas aprobadas en Madrid dejando de lado la capacidad de autogobierno para construir un modelo socioeconómico propio más acorde y eficaz para ganar la batalla al paro en la realidad de una economía y una sociedad que difieren en su estructura fiscal, social, laboral e industrial de la de la mayor parte de las comunidades del Estado.
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