Las comunidades que incumplan el déficit se enfrentarán a una multa del 0,2% del PIB

madrid. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé una multa del 0,2% del PIB a las administraciones que no cumplan con la senda de reducción de déficit para alcanzar a partir del 2020 el equilibrio presupuestario.

Con la norma España "ha tomado la delantera" en el impulso a la estabilidad presupuestaria en el seno de la Unión Europea (UE), dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que la calificó como una "reforma estructural de primer orden" adoptada "en un plazo muy reducido". Esta será una de las bazas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentará ante sus colegas comunitarios en su primer Consejo Europeo, que se celebra el 30 de enero.

El anteproyecto destaca que la sanciones impuestas a España por la Unión Europea (UE) en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable. Así, en el caso de que una administración incumpla el plan económico-financiero ésta deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

A los nueve meses, Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración incumplidora. "La visita no es amable", admitió por su parte el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respecto a la delegación que podrá enviar Hacienda. El formato sería similar a las troikas que se envían a los países del euro incumplidores para "poner los deberes, trabajar en paralelo y acometer los ajustes correspondientes", dijo el ministro.

Sobre las sanciones, afirmó que la ley se hace precisamente "para que España no tenga sanciones", pero en el supuesto de que las haya "la intención es que el responsable se haga cargo con consecuencias políticas y económicas". Por ello, pidió "aceptarlo con la naturalidad del sistema que aceptamos como propio en la UE". Todo ello, recalcó, con un "cuidado extremo en no interferir en la capacidad de autogobierno de comunidades autónomas y entes locales".

Sáenz de Santamaría explicó que ayer mismo se iba a remitir el anteproyecto a los portavoces del PSOE -con el que se consensuó la reforma constitucional que da origen a esta ley- y del resto de los grupos políticos que deberán votarla en el Parlamento. Además, se remitiría también al Consejo de Estado, que deberá dar una opinión sobre el texto.

De este modo se busca ampliar al plano político el acuerdo territorial que se ha conseguido con comunidades autónomas y entes locales, que han aceptado aprobar techos de gasto previos a sus presupuestos y enfrentarse a sanciones si incumplen los objetivos marcados.

Montoro recordó que se da traslado a la legislación española de la normativa europea en materia de sanciones y de inspecciones a las administraciones incumplidoras de los planes económico-financieros.

equilibrio o superávit Todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural (del 0,4%), salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020, tal y como explicó también ayer en Davos el ministro de Economía, Luis de Guindos. Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea (CE) los que determinen los objetivos de déficit, que por el momento están fijados en el 4,4% para 2012, si bien cabe la posibilidad de que la caída de la economía conlleve una relajación de esta cifra.

En paralelo la ley también establece un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten.

Este mecanismo estará condicionado a un plan de ajuste sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró ayer que esta ley "no tiene el apoyo de 2.200 municipios" de España, los gobernados por el PSOE. IU arremetió contra una ley que, a su parecer, introduce la "ideología neoliberal" en la Constitución, y anunció que defenderá en el trámite parlamentario el "blindaje" del gasto en educación, sanidad y dependencia. Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, señaló que su partido acoge la ley con muchas reticencias y señaló que vigilarán para que "no vulnere la singularidad financiera y fiscal de las diputaciones forales vascas".