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la venta servirá para saldar cuentas

La Audiencia Nacional embarga a los Ruiz-Mateos 220 inmuebles, fincas rústicas y un centenar de obras de arte

Su venta servirá para pagar los más de 289 millones que la familia debe a los inversores de Nueva Rumasa

e.p. - Viernes, 27 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:10h

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José María Ruiz-Mateos. precedido de uno de sus hijos y acompañado por su abogado, a su llegada el miércoles a los juzgados de Palma.

José María Ruiz-Mateos. precedido de uno de sus hijos y acompañado por su abogado, a su llegada el miércoles a los juzgados de Palma. (Foto: efe)

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pamplona. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado el embargo de todo el patrimonio de la familia Ruiz-Mateos, compuesto por unos 220 inmuebles, fincas rústicas, cerca de un centenar de obras de arte y vehículos de alta gama, tras los registros practicados el miércoles por la Policía judicial durante cerca de 15 horas.

La incautación de estos bienes se produce dentro de la causa abierta por Ruz, que investiga a los Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, y para evitar su venta, ya que el dinero resultante de su liquidación estaría destinado a cubrir las deudas de 289,1 millones de euros contraídas con los afectados.

Según las mismas fuentes, el juez ya ordenó hace unos meses el embargo de los inmuebles propiedad de los miembros de la familia Ruiz-Mateos dentro de la pieza separada abierta en la causa y sobre la que decretó el secreto de sumario.

De esta modo, tanto el empresario octogenario como su mujer, Teresa Rivero, y sus 13 hijos, ya conocían que sus viviendas y el resto de propiedades inmobiliarias estaban embargadas. Ninguno de ellos estará obligado a abandonar las viviendas hasta que se decrete la orden de desalojo para su futura venta.

Además, el juez dictó ayer auto de imputación contra una de las hijas del fundador del holding, Rocío Ruiz-Mateos, y su marido, Luis Ojeda, por la presunta sustracción de varias obras de arte por valor de más de 750.000 euros que decoraban la casa familiar. En el mismo auto, el juez imputó también a los nuevos dueños de Nueva Rumasa -Angel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia- por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible, así como a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero y responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en paraísos fiscales.

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