Gallardón plantea el copago en la Justicia y reformará la ley del aborto

MADRID. En una intervención cargada de contenido, el ministro ha expuesto las líneas generales de su política para los próximos cuatro años, que partirán de una "regeneración democrática" de las altas instituciones para acabar con la imagen de "politización" que es la causante de su desprestigio entre los ciudadanos.

Así, tiene previsto la presentación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que 12 de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial pasen a ser elegidos por los jueces, mientras que ha advertido que los ocho restantes "no pueden ser objeto de intercambio político", sino fruto del consenso entre los diferentes grupos parlamentarios.

A juicio de Ruiz-Gallardón, la actual elección por el parlamento de 12 vocales del Poder Judicial de entre los propuestos por asociaciones judiciales es "un sistema perverso" que facilita que cada decisión "esté permanentemente asociada al origen partidario" de los miembros de este órgano, por lo que la reforma es absolutamente necesaria.

Este compromiso de "hacer desaparecer la sombra de politización" debe trasladarse según Ruiz-Gallardón a otras instituciones como son la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional -cuatro de cuyos miembros deberían haber sido renovados hace dos años-, apostando por una "superación del pasado" para que los nombramientos no respondan tampoco a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios.

Igualmente, ha anunciado la necesidad de limitar las actuales competencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para eliminar aquellas que son "estériles", y que minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones; así como la recuperación del recurso previo de inconstitucinalidad.  

REFORMAS LEGISLATIVAS Ruiz-Gallardón ha anunciado su intención de presentar a lo largo de la legislatura un total de seis nuevos proyectos legislativos. Además de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, propone una nueva ley de Planta y Demarcación Judicial -para superar el obsoleto concepto de partido judicial- un nuevo Código Mercantil y una Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que incremente el papel del fiscal en la instrucción de los procesos.

Respecto a esta última, ha apuntado la necesidad de "someter a plazo el secreto de sumario" y en reformar el actual texto para lograr un "adecuado control de intervenciones telefónicas"; así como en la necesidad de incidir en el papel "que debe cumplir una policía judicial moderna al servicio de jueces y fiscales".

Para esta reforma se pedirá el asesoramiento de la Fiscalía General del Estado y del Consejo del Poder Judicial, respecto del cual anunció su interés en colaborar en éste y otros asuntos.

El Departamento de Justicia también propone una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria que incida en la "desjudicialización" de determinados procedimintos, así como una Nueva Ley de Mediación.  

REFORMA DEL ABORTO En cuanto a las reformas legislativas parciales, Ruiz-Gallardón ha propuesto una reforma de la actual Ley del Aborto para exigir el consentimento paterno en relación a las menores, y ha avanzado una nueva regulación en la Ley del Menor, por la que se unificará la investigación y el enjuicimiento en casos de delito grave.

Además, el ministro ha avanzado la posible instauración de la segunda instancia penal y de la "pena de prisión revisable", configurada esta última como medida "excepcional" para supuestos muy restringidos y que hayan alcanzado el máximo grado de repulsa social; así como de cambios para enfrentar el problema de la  multirreincidencia.

"No estamos hablando de ninguna de las formas de una prolongación de penas privativas de libertad y quiero insistir en que ese carácter revisable será compatible con la reinserción del preso", ha apuntado el ministro.

LUCHA CONTRA LA LITIGIOSIDAD Además,  Ruiz-Gallardón ha situado el "exceso de litigiosidad" como uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia, y más en el momento de crisis actual, ha señalado la necesidad de trabajar en la mejora de la eficiencia  para "evitar abusos" y mejorar el uso de los recursos disponibles.

"Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha anunciado el ministro de Justicia, para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera y que estarán exentos de pago las personas que acrediten falta de recursos.

Este mismo control se aplicará al modelo de justicia gratuita, ya que se exigirá la acreditación de falta de recursos para poder disponer de abogado de oficio, según anunció Ruiz-Gallardón.

Asimismo, el ministro ha reconocido a lo largo de su intervención que es necesario "reformar estructuralmetne el sistema de justicia" en unas circunstancias que son adversas, dada la situación económica, aunque ésta "no debe ser puesta como excusa".

Ha destacado, sobre todo, que existe una "ingente cantidad de recursos financieros" que ha cifrado en decenas de miles de millones de euros que "están paralizados en los órganos judiciales", por lo que es necesario actuar "para que todos esos recursos reviertan cuanto antes en el circuito económico".

El ministro reconoce que "el esfuerzo de los jueces españoles" es admirable, si bien la estructura con la que desarrollan su labor "no es la más adecuada", por lo que es necesario reformarla "con el mayor consenso posible". "La localización en España de inversión extranjera tiene mucho que ver con el funcionamiento de su sistema judicial -ha apuntado-, y esa imagen de órganos agobiados por expedientes en papel no es la que queremos dar".

Además de una implantación razonable de la nueva oficina judicial, tras comprobar que los planes piloto que han comenzado en algunas ciudades españolas "no dan respuesta" a las previsiones realizadas, se avanzará en una implantación progresiva de tribunales de instancia y se realizará un esfuerzo de modernización informática.

Respecto a este último punto, Ruiz-Gallardón ha anunciado la creación de una agencia que coordine la operabilidad entre los diferentes sistemas informáticos "con una auditoría constante del funcionamiento del sistema".