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pretende ampliar la información pública

La Ley de Transparencia pretende convertir la Administración "en una oficina de cristal"

la norma obligará al Gobierno a hacer público su patrimonio y sus retribuciones

Limita el cobro de cesantías y exige detallar el destino y los beneficiarios de todas las partidas del presupuesto

Ibai Fernandez - Sábado, 21 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:11h

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El director general de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, Guzmán Garmendia, y el vicepresidente Roberto Jiménez, ayer.

El director general de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, Guzmán Garmendia, y el vicepresidente Roberto Jiménez, durante la presentación de la nueva ley. (J. Bergasa)

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Pamplona. Los altos cargos del Gobierno deberán hacer público su patrimonio y remuneraciones. Cuando dejen el cargo no podrán cobrar cesantías si son funcionarios o parlamentarios. El departamento de Economía deberá ofrecer cada tres meses una información detallada de la ejecución del presupuesto partida por partida, y deberán ser públicas todas las ayudas que reciba del Gobierno foral cualquier organismo y fundación. Son algunas de las consecuencias prácticas de la nueva Ley de Transparencia, que pretende ampliar el derecho a la información pública y la participación ciudadana, con el único límite de la normativa de protección de datos, y que ayer presentó el vicepresidente Roberto Jiménez.

Una ley "valiente, ambiciosa e innovadora", según sus promotores, que quiere ser un punto de inflexión en las relaciones entre Administración y administrados. "Es un proyecto que servirá de referente y para el que se ha recogido lo más ambicioso de otras normas similares en todo el mundo. Nos hemos asesorado muy bien", subrayó Jiménez en la presentación de su proyecto estrella, y en la que estuvo acompañado por la directora general de Asuntos Jurídicos y Presidencia, Marta Pernaut, y por el director general de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, Guzmán Garmendia.

El consejero socialista destacó que la nueva ley, la primera que elabora su departamento, es una promesa electoral del PSN, y que nace con el objetivo principal de fomentar la participación ciudadana y garantizar la transparencia en la gestión pública. "La Administración tiene que ser una oficina de cristal", defendió Jiménez, que subrayó que ello exige instaurar "una nueva cultura de trabajo enfocada al ciudadano que puede observar en todo momento lo que hace la Administración por él".

Inicio del camino La nueva ley inicia así un largo camino que finalizará con su aprobación a finales de este año. De momento, el borrador se ha puesto a exposición pública para recibir las "aportaciones o sugerencias" que puedan aportar los ciudadanos, antes de su aprobación por el Gobierno a principios de febrero. A partir de entonces comenzará un trámite parlamentario en el que el dirigente socialista confió en contar con el resto de partidos, también de UPN, que ha permanecido al margen durante su elaboración, para que pueda ser aprobada "por unanimidad". "Este borrador es producto tanto de la voluntad política como de la participación ciudadana", aseguró el vicepresidente, que subrayó que el texto cuenta con propuesta trasladadas por colectivos y organizaciones tan diversas como el Defensor del Pueblo, Izquierda-Ezkerra, el Crana (centro de recursos ambientales), el 15-M y el PSN. De las 54 sugerencias aportadas por estos grupos, 33 se han incorporado al texto. "La mano del Gobierno está tendida para que sea una ley de acuerdo", garantizó Jiménez.

El contenido de la ley Según explicó el propio Jiménez, la norma se sustenta sobre tres pilares fundamentales, "la transparencia, la información pública y la participación ciudadana". La ley obligará al Gobierno a hacer público sin que medie solicitud previa cuestiones como los gastos en campañas institucionales, acuerdos relacionados con la creación y fundación de sociedades públicas, retribuciones de los miembros del Gobierno, altos cargos, liberados sindicales, listas de contratación temporal, y extractos de acuerdos de los órganos administrativos que se consideren del interés general para la ciudadanía. "La Administración estará obligada a poner a disposición del ciudadano esta información de forma constante y veraz, sin necesidad de que éste la reclame", subrayó Jiménez, que insistió en que la ley pretende dar respuesta "a la demanda ciudadana de transparencia y participación".

Hace además especial hincapié en las remuneraciones de los miembros del Gobierno, buena parte de las mismas opacas hasta ahora, así como en el cobro de cesantías, que había permitido abusos por parte de algunos ex altos cargos de UPN. Tras la aprobación de la ley, ni los funcionarios ni los parlamentarios podrán cobrar compensación por su cese (el 80% del salario anterior) como ocurre en la actualidad, y quienes se incorporen al sector privado solo podrán recibir la cesantía por la diferencia entre su nuevo salario y la cesantía. La ley también garantiza la transparencia en las retribuciones de los altos cargos, que deberán hacer público su patrimonio una vez que sea aprobada.

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