El juez dicta apertura de juicio oral contra Fabra y le impone una fianza de 4,2 millones de euros

VALENCIA. Así consta en el auto de apertura del juez Jacobo Pin de este  viernes, en el que fija una fianza de responsabilidad civil de  4.270.859,6 euros para Carlos Fabra y de 1.718.192,8 euros para su  exmujer. Por su parte, a Vicente Vilar le impone una fianza de  800.000 euros, la misma cantidad que a Monserrat Vives.

Al respecto, señala que si transcurrido el tiempo estipulado no  verifican la fianza, "embárguenseles bienes de su propiedad en  cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma  la insolvencia, abriéndose para ello la correspondiente Pieza de  Responsabilidad Civil".

El juez explica que se decreta la apertura del juicio oral contra  los imputados porque los hechos de los que se les acusa, que pueden  ser constitutivos de "varios delitos castigados con penas privativas  de libertad no superiores a nueve años de prisión o bien con  cualquiera otras penas de distinta naturales, bien sean únicas,  conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración, y  por tanto, de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de  Enjuciamiento Criminal".

En ese sentido, señala que Fabra y su exmujer, en los ejercicios  fiscales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1999  y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que  no se correspondían ni con el patrimonio ni la renta que declararon.

En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo no  declaró 693.074 euros, distribuidos entre 231.155 del ejercicio  fiscal correspondiente a 1999; 124.078,13 de 2000; 174.836,69 de 2002  y 163.003,99 euros de 2003. En relación a su exmujer, apunta que no  declaró en tres años un total de 428.644 euros, de los que 154.237,10  corresponden a 1999; 128.510,87 de 2000 y 145.896,61 de 2003. 

El juez da diez días a las defensas para formular escrito de  conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas, con el  apercibimiento de que si no presentaren su escrito en el plazo  señalado, se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su  curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que  pueda incurrirse.

El abogado de Carlos Fabra y de su exmujer es Javier Boix, que  también se encarga de la defensa del expresidente de la Generalitat  Francisco Camps en la denominada 'causa de los trajes' dentro del  'caso Gürtel' para demostrar que sus representados no recibieron  prendas como regalo de la trama Gürtel.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

El juez señala en el escrito que en 1999, Vicente Vilar era el  administrador único de la empresa Naranjax, ubicada en Artana  (Catsellón) y dedicada a la fabricación y formulación de productos  fitosanitarios sintetizados por la mercantil Arcavi, de la que era  administradora única su entonces mujer Montserrat Vives. 

Asimismo, indica que existen indicios de que Vilar se puso en  contacto con Carlos Fabra --ya que su exesposa era amiga de la  exmujer del presidente provincial del PP-- porque Naranjax tenía  varios productos pendientes de aprobación administrativa ante los  Ministerios de Agricultura y Sanidad. Fabra accedió a interesarse por  la situación de los productos del grupo de empresas y a mediar ante  autoridades y funcionarios para agilizar la tramitación y obtención  de autorizaciones para la fabricación y comercialización de los  productos fitosaniatrios "haciendo valer su condición de presidente  de la Diputación".

A raíz de sus actuaciones, el 12 de julio de 1999 se celebró una  reunión en el Ministerio de Agricultura, entre su titular, entonces  Jesús Posadas; Fabra; el exsecretario de Estado de Hacienda y  diputado por Castellón, Juan Costa; el diputado Juan José Ortiz y el  senador Miguel Prim, para tratar, entre otros, de los retrasos en la  concesión de licencias para los productos fitosanitarios. 

PAGO POR SU LABOR

Asimismo, según consta en el escrito, en la reunión intervino el  entonces director general del Ministerio Rafael Millán, para informar  del estado administrativo de los productos de Naranjax. El 18 de  octubre de 1999 se aprobó uno de esos productos y, como consecuencia  de ello, Fabra requirió a Vilar el pago de 150.000 euros en  reconocimiento a su labor.

La empresa portuguesa Sapec, representada en España por Ginés  Márquez, formuló una oferta de compra por Naranjax, en la que fabra  se ofreció a mediar, de acuerdo con el auto, para lo que contactó con  el despacho profesional 'Cas-Legis', del que eran socios Ricardo  Costa y Emilio González. Para ello, a principios del 2000 se celebró  una cena en Naranjax con la mayoría de estas últimas personas  presentes, de la que culminó la venta a Sapec por parte de Naranjax  del producto Piclor, por 1.093.842,03 euros.

Posteriormente, Fabra propuso a Vilar participar en su negocio con  la constitución de una empresa que fuese la titular de los registros  que Naranjax fuera obteniendo, y de la que serían socias sus esposas.  A través del mismo despacho, el 3 de diciembre de 1999, las dos  mujeres compraron al 50 por ciento una empresa carente de actividad,  'Artemis 2.000 S.L', que era la "mera titular" de los productos que  ontenía Naranjax.

El juez señala que Fabra continuó la labor de mediación a favor de  estas empresas ante autoridades y funcionarios públicos de la  administración para agilizar la concesión de licencias, y hace  constar que se llegó a reunir con el etonces director del Gabinete de  Presidencia, Tiberman, y la entonces ministra de Sanidad, Celia  Villalobos. 

El 28 de abril de 2000, Carlos Fabra constituyó la mercantil  Carmacas S.L., junto con sus hijos, y "en concepto de pago por unos  supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca  fueron entregado", facturó en julio de ese año a Arcavi 34.800 euros;  72.121 euros en dos ocasiones a Artemis y 20.724 y 54.000 euros a  Naranjax. En ese momento, ni Arcavi ni Artemis tenían trabajadores.