El antivasquismo de UPN deja a Navarra sin influencia en la construcción europea

Pamplona. "No es cuestión de crear más órganos y más burocracia". La presidenta del Gobierno de Navarra zanjaba de esta manera el debate abierto en torno a la eurorregión que el pasado lunes ponían en marcha los presidentes de la CAV y Aquitania, Patxi López y Alain Rousset, curiosamente, ambos socialistas. "La puerta está abierta a la incorporación de territorios vecinos", volvieron a reiterar sus impulsores, sin mucha confianza de que tras las negativas de los últimos años UPN fuera a cambiar de posición. Y la respuesta de Barcina no defraudó sus expectativas: "La eurorregión es una obsesión nacionalista". Era el último capítulo de un proceso iniciado hace más de 20 años y sustentado en la premisa de que la construcción europea ha de ser de abajo a arriba, impulsada por las regiones y no solo los Estados.

El nacimiento de la eurorregión que ahora ponen en marcha los gobiernos de Alain Rousset y Patxi López se remonta a 1989, cuando los gobiernos de ambos territorios suscribieron un primer compromiso bilateral de colaboración. Navarra se incorporaría tres años más tarde, en febrero de 1992, asumiendo la necesidad de defender la posición de las regiones periféricas dentro de la Unión Europea e impulsar proyectos de interés común para el desarrollo de las comunidades. Aquel acuerdo fue firmado por los presidentes del Consejo Regional de Aquitania, Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra, Jean Tavernier, José Antonio Ardanza y Juan Cruz Alli, entonces máxima figura de UPN.

Nacía así un marco de relaciones institucionales permanentes al amparo de los procesos de cooperación transfronteriza impulsados por la UE, y que fue ratificado un año más tarde por los tres presidentes en la muga de Dantxarinea. Allí, firmaron la que fue conocida como Declaración de Ainhoa, que recogía el "firme compromiso" de las tres comunidades de impulsar una eurorregión alrededor de los Pirineos y el Atlántico desde la necesaria "cooperación interregional en la nueva Europa".

Pero la presencia de la Navarra en el nuevo ente apenas duró ocho años. Con Alli forzado a dejar UPN y con el PP de Aznar en plena campaña antinacionalista, en enero de 2000 Miguel Sanz aprovechó el primer asesinato de ETA tras la tregua de 1998 y la "ambigua" respuesta del Gobierno Vasco de Ibarretxe, que gobernaba con acuerdos puntuales con Euskal Herritarrok, para romper el último vínculo activo de colaboración institucional con la CAV.

Navarra, gobernada bajo la fobia vasquista de UPN, daba la espalda a un vecino con quien comparte importantes vínculos históricos, sociales y económicos, y con él, a la oportunidad de participar de forma activa en la construcción de la nueva europa. Una actitud que se ha ido acrecentando con los años, incluso cuando las instancias europeas han puesto en cuestión la autonomía económica foral, que hasta ahora, y pese a la confluencia de intereses, no ha contado con una defensa compartida entre Navarra y la CAV.

De esta forma, aquella decisión de Sanz, ahora refrendada por Barcina, dejaba a Navarra al margen de un proceso de colaboración en el que los dos socios restantes han seguido profundizando, y que esta misma semana veía la luz en forma de una institución compartida que tendrá hilo directo con Bruselas. En su lugar, la Comunidad Foral ha apostado por protocolos de colaboración bilaterales no vinculantes con los territorios limítrofes que, como ha quedado en evidencia con el conflicto abierto con La Rioja por la atención sanitaria, no siempre resultan eficaces.

el papel de la eurorregión La nueva eurorregión contará con una asamblea de 20 miembros, 10 por cada lado, con sede en Hendaia y presidencia rotatoria cada dos años. Será un órgano supranacional financiado a partes iguales, con una dotación presupuestaria inicial de 120.000 euros para la elaboración de proyectos futuros de cooperación que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de ambas regiones. Tendrá como principales áreas de trabajo la construcción de infraestructuras y comunicaciones, con el TAV como primer gran reto. Así como la puesta en marcha de proyectos comunes en ámbitos como la educación, el medio ambiente o la colaboración económica y empresarial.

El ritmo de la burocracia europea, siempre al albur de consensos y acuerdos interinstitucionales no siempre fáciles de negociar, explica la lentitud con la que avanza la construcción de las nuevas organizaciones de la unión. Ello ha hecho que las eurorregiones, muy comunes en el centro y norte de Europa, se hayan desarrollado lentamente, y que todavía no tengan el papel que los europeístas más acérrimos auguran para una nueva forma de organización territorial.

Sin embargo, la apuesta por la eurorregion va más allá de la mera cooperación interregional. En un momento en el que Europa redefine las bases de su cohesión, y cuando los Estados miembros comienzan a ceder soberanía al proyecto común, la eurorregión es además un lobby con capacidad de presión ante las instituciones europeas, a las que hasta ahora solo son accesibles los gobiernos de los estados. Una herramienta que tendrá voz propia y con la que sus impulsores confían en facilitar el acceso a los fondos europeos, cada vez más escasos y difíciles de conseguir.

Cada vez más cerca de Bruselas En cualquier caso, y acentuada por las necesidades económicas de la crisis, la Unión camina lenta pero firme hacia una mayor integración. El próximo paso, y todavía bajo la supervisión de París y Berlín, será el control fiscal y presupuestario que los estados miembros. Una cesión de soberanía que previsiblemente irá creciendo conforme avance la construcción europea, que pese a los problemas de los últimos meses, o precisamente por ellos, parece irreversible.

De momento, los estados han acordado que sea la UE quien fije los criterios generales de gasto, y en breve podría impulsar una armonización de los impuestos que avance en la uniformización. Un escenario en el que irá creciendo la dependencia de Bruselas (o Francfort, donde se ubica la sede del BCE), en detrimento de Madrid, que es quien rige ahora, aunque cada vez con menos margen, los criterios de la política económica foral. Algo que exigirá capacidad de presión e influencia ante unas instituciones burocratizadas y lejanas que desconocen la de idiosincrasia local, y ante las que Navarra no siempre encontrará un Estado con capacidad y voluntad política para defender sus intereses.