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por josé ángel andrés gutiérrez, Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSN-PSOE - Viernes, 21 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:29h
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LA publicación en los medios de comunicación de las dietas percibidas por la presidenta del Gobierno de Navarra, el vicepresidente segundo y el alcalde de Pamplona, han causado alarma social en la ciudadanía. Los sueldos de los políticos se han situado en el centro de la actualidad. El momento en que nos encontramos, caracterizado por los recortes generalizados, agrava la sensación de malestar.
Deseo reflexionar sobre dos aspectos: ¿Cuánto deben cobrar los altos cargos y por qué conceptos deben percibir sus emolumentos? A mi juicio tan importante es cuánto cobra como por qué lo cobra.
Defiendo la dignidad de la política, porque es la única vía de prestigiar la democracia, fortalecerla y evitar que sean los mercados los que dirijan nuestras vidas. La actividad económica y financiera debe estar sujeta a una regulación que imposibilite los abusos, y este control democrático sólo puede ser ejercido desde la política.
Necesitamos políticos eficaces preparados, dedicados, con vocación de servicio público y con un plus de altruismo. Si están gestionando el dinero de todos es imprescindible elegir a los más capacitados.
Resulta esencial iniciar un debate público que derive en un consenso social. Éste debería afrontarse de forma integral abordando todas las instituciones existentes: Gobierno, Parlamentos, Ayuntamientos, Diputaciones, altos funcionarios, cesantías, etcétera.
El objetivo es evitar la arbitrariedad y los agravios comparativos. ¿Es lógico que el salario de algunos presidentes autonómicos y ciertos alcaldes superen ampliamente la nómina del presidente de la nación? ¿Es normal que alcaldes de poblaciones similares o incluso de menor población cobren cantidades tan diferentes en función de la correlación de fuerzas en el pleno? ¿Es de recibo que gerentes de empresas públicas perciban sueldos mucho mas elevados que el presidente/a de la comunidad? ¿Es justo que la mayoría de concejales de pequeñas localidades dediquen tiempo y esfuerzo con asignaciones irrelevantes o nulas?
La actividad económica
y financiera debe estar sujeta a una regulación que imposibilite
los abusos
Lo sustancial es que todas las retribuciones sean claras. Lo que más irrita es la opacidad, lo que más indigna es la ocultación, lo que más decepciona es el oscurantismo. No es honesto percibir unos ingresos derivados de la participación en una Comisión Permanente de la CAN, que solo ellos conocían. Esas conductas son las que más deploran los ciudadanos, porque están sustentadas en la doble moral. Por ello considero muy positiva la iniciativa de la Consejería de Presidencia e Interior, dirigida por Roberto Jiménez, de elaborar con urgencia una Ley de Transparencia que posibilite el conocimiento de la totalidad de las retribuciones de los cargos públicos y así evitar cualquier tentación de ocultamiento.
Asimismo, me parece muy oportuna la propuesta del PSN referida a poner topes a las cantidades devengadas por participar en consejos de sociedades públicas, en las que en ningún caso podrán superar el 10% del salario contemplado en los presupuestos.
Sería bueno recordar cómo el PSN-PSOE, con su secretario general a la cabeza, decidió antes de las elecciones del 22-M hacer públicos los ingresos y los patrimonios de sus candidatos/as, en un ejercicio de total claridad. Ninguna otra formación política secundó esta expresión de transparencia. Ahora empiezo a comprender los motivos por los que se negaban a publicar sus sueldos y sus bienes. Parece ser que había dietas que, por su propia naturaleza y cuantía, eran poco presentables para su pública declaración.
Sería deseable debatir el asunto de las retribuciones en su totalidad y aportando datos del ámbito de la empresa privada, cajas de ahorros, instituciones públicas, universidades, etcétera. Con el fin de situar un marco comparativo amplio que permita conocer la relación existente entre sueldo y responsabilidad. Considero un insulto a la inteligencia y una burla a los ciudadanos los contratos blindados y pensiones vitalicias de los directivos de cajas de ahorro como CAM o Nova Caixa Galicia. Como premio a su pésima gestión son agraciados con indemnizaciones millonarias.
Como conclusiones finales, destacaría la necesidad de debatir y definir los criterios para determinar los salarios de los políticos. Precisar sus cuantías en función de su trabajo y responsabilidad. Obligar a declarar públicamente hasta el último euro y erradicar toda discrecionalidad.
Me parece especialmente interesante la propuesta expresada por Rubalcaba referida a que cada cargo perciba un solo sueldo, evitando duplicidades.
Ahora, más que nunca, es imprescindible abordar este debate si queremos recuperar la política e investirla de la necesaria autoridad moral. Si se piden sacrificios a la ciudadanía es imprescindible predicar con el ejemplo y algunas dietas, como las percibidas en la Comisión Permanente de la CAN, no son "precisamente ejemplares ni ejemplarizantes".
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