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Al pairo de la Reforma Constitucional

por manu ayerdi, Miembro de EAJ-PNV de Navarra - Viernes, 9 de Septiembre de 2011 - Actualizado a las 05:24h

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LA lectura del artículo 135 de la Constitución que han pactado PP y PSOE y que ha bendecido UPN, le hace a uno pensar en cuáles son las reglas del juego actuales (que ya se nos impusieron en su momento) y cuáles las que se nos proponen (o mejor dicho las que se nos imponen). Dicho en pocas palabras, la relación económica entre Navarra y el Estado descansa sobre los siguientes pilares:

-Navarra gestiona sus ingresos y gastos y recibe del Estado determinadas prestaciones por las que paga todos los años una cifra establecida en el convenio en función del tamaño de la economía navarra en comparación con el tamaño de la economía del Estado. Ésa es la única obligación económica con el Estado, y Navarra se tiene que buscar la vida para pagarla puntualmente.

-Navarra es la única responsable del pago de sus deudas, tanto la deuda pública que emite como los préstamos que firma con los bancos. El Estado no es avalista de Navarra en esas deudas.

-Navarra no es avalista del Estado ni de ninguna administración autonómica o local de ninguna otra comunidad autónoma del Estado.

-Navarra no puede decidir libremente el volumen de deuda que asume, sino que necesita autorización del Estado para cada operación de deuda. Dicho de otra manera, el Estado fija de facto, en el marco de las conversaciones de seguimiento del convenio económico, el límite de deuda que Navarra puede emitir, aunque es un límite que no está definido legalmente (los únicos límites establecidos actualmente son los acordados en Europa para el conjunto de las administraciones del Estado).

-Aunque el único responsable de las deudas navarras es Navarra, la mera pertenencia al Estado español influye negativamente en la cuantía de los intereses que Navarra debe abonar.

-Navarra debe aplicar una presión fiscal global a sus ciudadanos equivalente a la que soportan los ciudadanos del resto del Estado. Anteriormente se decía que "no podría ser inferior", ahora se establece el concepto equivalente, concepto desde luego muy matizable.

-Estas reglas del juego no pueden cambiarse solo con la voluntad de las instituciones navarras, sino que exigen, para ser modificadas, la aprobación de las Cortes en Madrid.

Alguno podría decir que nuestra autonomía económica es muy grande, ya que Navarra puede manejar el concepto de presión fiscal equivalente con amplitud, tiene su propio sistema fiscal de gestión, recaudación e inspección fiscal, y las instituciones navarras deciden con gran libertad y sin intromisiones del Estado dónde y cómo gasta el dinero que se recauda. En años de bonanza se podría decir que la sensación de libertad de actuación en lo económico respecto del Estado ha sido grande. Sin embargo, ahora han llegado las vacas flacas y nos encontramos con que el Estado quiere incrementar su tutela y control sobre el resto de las Administraciones públicas que lo componen, porque se lo exige Europa, a quien se lo exigen a la vez los grandes inversores de los famosos mercados financieros.

Y nos encontramos con que se nos impone una reforma constitucional según la cual para junio de 2012 deberá aprobarse una ley orgánica que defina el concepto de déficit y la distribución de los límites de déficit y deuda entre las distintas Administraciones Públicas, así como las excepciones a los principios generales, todo ello, agárrense, para 2020.

Como navarro me hago dos preguntas:

1. Cumplimos a rajatabla nuestras obligaciones con el Estado y el Estado no es avalista de nuestras deudas. Soy el primero en reconocer que la gestión de las cuentas públicas debe hacerse con unos criterios de sostenibilidad que afecten, pero no solo al déficit y la deuda. ¿Tengo que aceptar que el Estado, que atraviesa una situación bastante peor a la de Navarra, que afecta, entre otras cosas al coste de nuestra deuda y a la confianza de los ciudadanos navarros en el futuro, nos dé lecciones y nos diga todavía más (ahora ya nos tiene que autorizar la emisión de deuda) cómo tenemos que gestionar nuestras cuentas?

2. Dentro de Europa, el proceso de armonización fiscal, al menos en los impuestos directos, todavía está en mantillas. ¿Por qué tengo que aceptar que la presión fiscal global que Navarra aplique a sus ciudadanos sea equivalente a la que aplica el Estado? ¿Por qué no podemos tener la libertad de elegir el modelo de presión fiscal que queramos si cumplimos a rajatabla nuestras obligaciones anuales con el Estado? ¿No somos mayorcitos para definir aquí ese modelo y adaptarlo más a nuestra realidad? Decía el señor Lizarbe que si en lo fiscal el Estado se mueve, nosotros nos tenemos que mover, porque no somos una isla. Pero, si quien se mueve es Francia o Alemania, ¿entonces sí somos una isla? UPN también en esta parte se siente cómoda con la reforma. Intuye la llegada del PP al poder en Madrid y sabe cuál va a ser su modelo fiscal.

No nos olvidemos que, más allá de la necesidad de gestionar con criterios de sostenibilidad las cuentas públicas, necesidad que nadie cuestiona, lo que aquí subyace es el debate de dónde y cómo metemos la mano. El gobierno actual de UPN-PSN está claro que solo quiere meterla en los gastos y no en los ingresos. Y para colmo, cada vez con el visto bueno de PP, PSN y también UPN, con una autonomía financiera más limitada y dependiente de Madrid. No me extraña que cuando algunos planteamos el derecho a decidir, el nacionalismo español se emplee a fondo en contra.

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