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Galipienzo culpa ahora a su equipo de UPN y al conjunto de la Corporación

responsabiliza a los técnicos y al conjunto de la corporación de que se aprobase el apartotel

D.n./efe - Jueves, 17 de Marzo de 2011 - Actualizado a las 05:16h

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pamplona. El exalcalde del Valle de Egüés Iñaki Galipienzo, que se embolsó 138.000 euros (23 millones de pesetas) por su intermediación en la venta de la parcela S.2.2. al Grupo Aricam, tal y como quedó sentado en la sentencia que le condenó a un año de prisión por prevaricación, responsabilizó ayer a su que él lideraba durante la legislatura 1999-2003 de la condena de 6,9 millones de euros de indemnización que el Ayuntamiento deberá abonar ahora a la promotora del apartotel.

El exalcalde, para eludir su responsabilidad al frente de la Corporación, alegó ayer que el grupo constructor realizó en agosto de 2002 una consulta al departamento de Urbanismo del consistorio, que "autónomamente, sin mediar pleno ni comisión, contestó afirmativamente en el sentido de que en esa parcela se podía hacer un uso hotelero". "Además, el departamento de Urbanismo contestó con el texto con el que se han dado todas las licencias desde la corporación del 98 hasta toda la mía", señaló Galipienzo, para advertir de que "hoy sabemos que el texto, que venía del Gobierno de Navarra, tenía fallos", pero se usó durante dos legislaturas.

Tras esa consulta vinculante, el dictamen de la Comisión de Urbanismo sobre el traspaso de la edificabilidad de otras parcelas a la de Apartamentos Gorraiz pasó por dos sesiones plenarias en las que obtuvo sendos acuerdos "con mayoría suficiente", a tenor de que en ese momento UPN ostentaba la mayoría municipal, y que suponían traspasar edificabilidad a esta parcela para que se pudiera hacer el proyecto.

Con todo ello, en junio de 2003, basado en los informes jurídicos y en los de la arquitecta municipal es cuando Galipienzo firmó la licencia de construcción, después anulada por la corporación siguiente, la que entró en el Ayuntamiento en 2004.

El exalcalde regionalista puntualizó que la sentencia "condena a resarcir los daños de proyectos y de una serie de cosas que se producen entre agosto de 2002 y mayo de 2003, siempre en el período anterior a la licencia", de forma que si la licencia no se hubiera otorgado en 2003 "la indemnización podía ser exactamente la misma".

Reiteró que "la corporación y su equipo", "el pleno con mayoría absoluta y la gente que trabajaba" en el departamento, permitieron esa respuesta. "No son actos caprichosos ni unilaterales ni de un alcalde: es el pleno el que hizo los trasvases de edificabilidad con mayoría suficiente, pero es más fácil poner la responsabilidad en una persona".

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