El Fiscal culpa a los guardias acusados de torturar a Portu y Sarasola de "no decir la verdad"

SAN SEBASTIÁN. El juicio que se desarrolla en la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en San Sebastián, contra 15 guardias civiles acusados por presuntas torturas a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola en enero de 2008 ha quedado visto para sentencia.

La fiscalía mantiene su solicitud de entre dos y tres años de prisión por delito de torturas para cuatro agentes y la acusación de un delito de lesiones para otros seis, la acusación particular mantiene su petición de entre 6 y 17 años de prisión para todos los agentes, a quienes acusa de tortura y otros delitos y faltas, mientras que la defensa reclama su absolución.

En el informe de conclusiones que ha dado a conocer el fiscal jefe de Gipuzkoa, Jaime Goyena, en la cuarta y última sesión de este juicio, en la que también han declarado médicos forenses, han presentado sus conclusiones la acusación particular, así como la defensa y el abogado del Estado, se acusa a cuatro guardias civiles que tomaron parte en el arresto de Portu y Sarasola, pertenecientes a la unidad GAR de este Cuerpo, son constitutivos de un delito de "tortura grave", atendiendo a la "intensidad del sufrimiento" y a la "ansiedad" que padecieron los arrestados.

Además, pide tres años para dos de los guardias (un sargento y un cabo), dos años para otros dos (un cabo y un guardia), y diez días de localización permanente para los seis restantes (dos tenientes, tres cabos y un guardia), además de diversas compensaciones económicas, e inhabilitación en algunos de los casos.

Exculpa, sin embargo, a los agentes que tomaron parte en la detención como conductores de los vehículos utilizados para los traslados de Portu y Sarasola y al encargado de su custodia en los cuarteles de Intxaurrondo, al darse "un vacío probatorio" sobre si tuvo conocimiento de que se estaba golpeando a los arrestados en los calabozos.

El fiscal destaca que los guardias civiles acusados "golpearon deliberadamente" a los detenidos "con el fin de humillarles, castigarles y degradarles por su supuesta pertenencia a ETA".

Además, considera que los acusados "no han dicho la verdad" en sus declaraciones y que los informes periciales de los médicos forenses de la defensa están caracterizados por una "cierta parcialidad y falta de independencia", a lo que ha añadido que además, a diferencia de los realizados por los forenses de San Sebastián, han sido efectuados a partir de fotografías y no en base a reconocimientos a Portu y Sarasola.

En todo caso, se defiende que las lesiones que presentaban estos tras su detención no pueden ser fruto de un forcejeo sino "de una acción de lesión reiterada, continuada y unilateral" por parte de los guardias civiles, cuya versión considera "cualquier cosa menos plausible" en numerosos aspectos.

Por su parte la acusación particular también mantiene su petición de entre 6 y 17 años de prisión e inhabilitación para los guardias civiles, a quienes acusa de tortura y otros delitos y faltas, y solicitan la misma responsabilidad para los 15 acusados, porque consideran que "hay una unidad en los hechos" y "no se pueden poner distinciones".

La abogada de la acusación ha sostenido que los relatos de los hechos realizado por Portu y Sarasola son "consistentes y coincidentes" en los extremos "más importantes desde el principios" y además han sido "corrobordos" por otros elementos como la declaración como testigo del vecino de Arrasate Isidro López sobre cómo se produjo la detención o los informes de los forenses de San Sebastián que recogen la "compatibilidad" de las lesiones que presentaban los dos miembros de ETA con su declaración.

Por el contrario ha señalado que los informes de los peritos de la defensa se sustentan en "pericias sobre pericias", al tiempo que ha opinado que no resulta "verosímil" que un militante de ETA "sea detenido y le cuente a ese que considera su enemigo los atentados en los que ha participado y en los que va a participar asumiendo hechos gravísimo" que conllevarán "gravísimas" penas y que "delate" a sus compañeros de comando, así como donde esconden las armas y explosivos "sólo con el propósito" de denunciar más tarde que ha sufrido malos tratos para "poner en tela de juicio" a las fuerzas de seguridad del Estado.

Los abogados de la defensa han destacado que las acusaciones no han aportado "ningún elemento de significación probatoria, ni incriminatoria". Además, han criticado la instrucción que se ha llevado a cabo de este procedimiento al considerar que ha sido "en todo caso unidireccional" y que el Ministerio fiscal "sólo se ha preocupado de buscar elementos inculpatorios", por lo que no ha actuado "con objetividad".

Respecto al estado de ansiedad que presentaban Portu y sobre todo Sarasola tras su detención según los forenses han argumentado que es el propio de una persona que sabe que se puede enfrentar a años de prisión, al tiempo que han considerado que los detenidos ya tenían preparada una coartada en caso de que fueran detenidos, por lo que su relato de torturas es "falso".

"ABSOLUCIÓN" A su juicio, no cabe más que "la absolución" de los acusados porque las acusaciones han utilizado "voluntarismos y especulaciones" y han empleado "selectivamente" las pruebas, eludiendo las de "descargo" que han afirmado son "abundantes".

Los letrados de la defensa han recordado que la investigación del Ministerio fiscal ha sido "unidireccional", y así se pretende "suplir pruebas directas", como el análisis de la ropa de los detenidos o del lugar de los hechos, con "testigos de nueva aparición", cuyas declaraciones "hacen aguas", y hechos no objetivables.

A ello ha añadido que la lesión más grave, el neumotórax que sufrió Portu, "se produjo de manera no imputable a la acción inicial". Por su parte el abogado del Estado se ha adherido a "todos los argumentos" de la defensa.