Las fuerzas soberanistas vascas piden a ETA "un alto el fuego permanente, unilateral y verificable"

GERNIKA. Además, el acuerdo contempla que a la organización terrorista y a los gobiernos español y francés corresponde tomar "decisiones e iniciativas" que consoliden un "escenario de paz y normalización política", mientras que "agentes políticos, sindicales y sociales" deberán, posteriormente, ocuparse del "diálogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto".

Los firmantes también recogen el necesario "reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias".

El texto, denominado 'Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas', se ha presentado en el Teatro Liceo de la localidad vizcaína de Gernika en un acto con presencia de los representantes de una treintena de organizaciones sociales, sindicales y políticas que respaldan esta iniciativa, presidido por una reproducción de 'El Guernica' de Pablo Picasso.

El dirigente de la izquierda abertzale Rufi Etxebarria, el secretario general de EA, Pello Urizar, el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, y el representante de Abertzaleen Batasuna Jon Garai han suscrito el documento, al que se ha dado lectura en francés, euskara y castellano.

El documento comienza constantando que "Euskal Herria está viviendo la posibilidad de encauzar el conflicto político y la confrontación violenta hacia un escenario de paz y soluciones democráticas".

En esa dirección, señala que "se deberá asentar en primer lugar una situación de no violencia con garantías" y "un primer estadio de normalización política" en base a ocho "contenidos", entre ellos la declaración por parte de ETA de "un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada".

El segundo de ellos consiste en el "el reconocimiento de los derechos civiles y políticos", permitiendo el desarrollo de "todos los proyectos políticos, considerando que el reconocimiento y la protección sin excepción alguna de todos los derechos humanos es la base fundamental de los mismos". En este sentido, exige la derogación de la Ley de Partidos Políticos porque constituye "un instrumento jurídico sobre el que se sustentan las vulneraciones de derechos fundamentales".

El tercero alude a la desaparición de "todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas contra toda persona por razón de su actividad o ideología política".

En el cuarto, se pide el cese de la política penitenciaria "planteada hasta ahora como parte de estrategias de confrontación" y la adopción de diversas medidas como "primer paso del camino hacia la amnistía", que conduzca a "la ausencia total de presos y exiliados".

En estas peticiones, se incluye el fin de "la dispersión", la puesta en libertad de presos con graves enfermedades, la concesión de la libertad provisional para presos preventivos pendientes de juicio en prisión y los penados que "hayan cumplido los requisitos legales", la aplicación "sin restricciones ni arbitrariedades" de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos, la derogación de la legislación que "impone cuarenta años de condena".

Completan los principios planteados en el documento la revisión de los procesos judiciales contra "personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política"; la derogación de "tribunales especiales y legislación de excepción"; el levantamiento de "las medidas restrictivas y/o prohibitivas en su actividad política impuestas a militantes y organizciones independentistas"; y el impulso de la participación de agentes internacionales "a fin de verificar que no se produce ninguna vulneración de derechos humanos".

Las organizaciones firmantes demandan tanto a ETA y como a los gobiernos español y francés que adopten "decisiones e iniciativas que permitan configurar un escenario de no violencia con garantías y de normalización política progresiva".

DIÁLOGO POLITICO El acuerdo contempla también que, una vez el proceso avance y se "haya consolidado ese escenario de paz y normalización política suficientes", llegará el momento en que será "imprescindible activar espacios de dialogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto".

Dichos "diálogo y negociación política", se advierte, deberán regirse por los conocidos como 'Principios Mitchell' que abogan por el uso de medios "exclusivamente democráticos y pacíficos para resolver las cuestiones políticas" y rechazan "cualquier intento de utilizar la fuerza o amenazar con utilizarla para influir en el curso o en los resultados alcanzados en las negociación multipartitos".

Los citados 'Principios Mitchell' también recogen el compromiso de respetar los términos de cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones multipartitas, así como de recurrir sólo a métodos exclusivamente democráticos y pacíficos para tratar de modificar cualquier aspecto de esos acuerdos.

La negociación política que se ajuste a estos principios, adoptados en su momento el marco de las conversaciones de paz para Irlanda del Norte, será en el caso vasco "patrimonio exclusivo de los agentes políticos, sindicales y sociales", por lo que en la misma no intervendrán los ejecutivos español ni francés, así como tampoco la banda armada.

"Los contenidos del dialogo político buscarán un acuerdo incluyente entre todas las culturas políticas del país, sobre el reconocimiento tanto de la realidad nacional vasca como del derecho a decidir, y el respeto a la voluntad popular democrática sobre el modelo jurídico-instituional interno, y sobre el tipo de relación con los estados, incluida la independencia", recoge el acuerdo.

"TODAS LAS VICTIMAS" Asimismo, los firmantes han incluido un punto en el que entienden la "necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias".

A continuación, el acuerdo contempla que las mujeres deben ser "sujeto activo de la solución, ya que no son ajenas al conflicto político".

Finalmente, el documento recoge que todos sus firmantes deberán cumplirlo y trasladarlo a "agentes internacionales", así como "trabajar en la activación popular de la sociedad vasca para que su ciudadanía" lo haga "suyo y se sitúe como única garante de la evolución del proceso de solución democrtica".

Además de los ya citados, el acuerdo ha sido firmado también por sindicatos como LAB, Hiru, ESK, ELB, ESTEE-EILAS, EHNE, organizaciones sociales como Gernika Batzordea, TAT, Iratzarri, Herria 2000 Eliza, Ikasle Abertzaleak, Giza Eskubideen Behatokia, Alternatiba Gazteak, Gazte Independentistak, Gazte Abertzaleak, Gaztherria, Ezker Soberanista, Euskaria, Euskal Herriak bere eskola, Etxerat (Colectivo de familiares de presos), Esait, Bilgune Feminista, Amnistiaren Aldeko Mugimendua (Movimiento pro Amnistía), Apaizen koordinakundea y AEK.

La Declaración de Bruselas ha supuesto un espaldarazo internacional al proceso que desde dentro impulsan las fuerzas que hoy se dan cita en Guernica, como demuestra el hecho de que su cabeza visible, Brian Currin, afirmara que sus firmantes responderán al último comunicado de ETA. Ayer el secretario general de EA, Pello Urizar, celebró que los mediadores internacionales sigan activos y que haya quien demuestre "voluntad", y a su vez reclamó "a todos los que tienen que aportar algo que empiecen a aportar", en clara referencia a los gobiernos español y vasco, que se niegan a dar pasos mientras Batasuna no diga a ETA que abandone al violencia, algo que se va a producir esta tarde. En todo caso, no todo eran alegrías ayer en Eusko Alkartasuna. Urizar se mostró molesto por el hecho de que hayan trascendido los últimos contactos para sumar a Aralar al polo soberanista, y afirmó que el acuerdo aún no se ha cerrado.

Ronda en Guipúzcoa Por otro lado, representantes de la izquierda abertzale de Guipúzcoa anunciaron ayer su intención de iniciar una ronda de contactos con agentes políticos, sociales y sindicales con vistas a buscar "acuerdos sobre los contenidos en los que debe basarse el cambio político y social".