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Inmatriculación y Constitución

Lunes, 6 de Septiembre de 2010 - Actualizado a las 04:10h.

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PERMÍTASEME participar en la cuestión de las inmatriculaciones del Arzobispado y denuncia de las mismas por parte de la Plataforma de Defensa del Patrimonio navarro, objeto de dos artículos publicados en DIARIO DE NOTICIAS últimamente por los señores Iturriarte y Jaurrieta. Me resulta obligado reconocer la corrección y respeto con que están redactados, y no requieren pedir perdón a nadie.

Termina su escrito el señor alcalde de Unzué apuntando el camino del diálogo para una posible solución. De acuerdo totalmente. En ese camino creo que uno de los quehaceres es concretar el tema objeto de desacuerdo y clarificar los conceptos en que se basa. El señor Jaurrieta ya avanza ideas para ello. Sólo que algunas no me resultan acertadas, y voy a tratar de explicarme.

Dice el señor Jaurrieta que "el meollo de la cuestión es que esos actos de inmatriculación por parte del Arzobispado son anticonstitucionales". Para mí es más bien chocante esta afirmación. La ley no hace la verdad, ni hace el bien. En todo caso, la ley puede y debe proteger la verdad y el bien. En mi opinión, el manto de la Constitución, y de otras leyes, cubre muchas y graves injusticias que vamos sufriendo día a día. No me parece acertado, por ello, ir al mundo de las leyes para tratar de ver cuál es el tema en discusión, cuál es su verdad. La realidad a clarificar es anterior y está por encima de las leyes. Unos hechos que han ido gestándose durante siglos habrá que mirarlos desde otro punto de vista, son tema más que y anteriores a la inmatriculación, sin que por eso haya de dejarse a un lado ésta. Porque la inmatriculación y la manera de llevarla a cabo tienen un significado y unas consecuencias que tienen su importancia.

Hay otra consideración en el mencionado artículo que no acabo de entender. Dice que la Iglesia católica es "un ente de naturaleza privada a nivel legal, y, debido a eso, ese ente no puede ser fedatario de actos públicos". Y actos públicos considera las inmatriculaciones. Si eso es verdad, ¿cómo es que las sociedades culturales, las empresas y las personas particulares pueden, y de hecho inmatriculan sus bienes en el Registro de la Propiedad?

Respecto del escrito de Antonio Iturriarte y Joseba Susperri, en conjunto me parece razonable. Pero yo añadiría algo. Si los templos y casas, en muchos casos al menos, son propiedad de las parroquias, y la parroquia es el conjunto de parroquianos, que han dado origen y mantienen dichos edificios, ¿dónde están ahora? ¿Por qué no se oye su voz? Que un grupo de curas haya reclamado los derechos de las parroquias ante el Arzobispado está bien, aún con el silencio por respuesta del mismo. ¿No tendrían que hacer algo más las parroquias, en defensa de lo que han recibido y en defensa de lo que actualmente sostienen con su dinero, realizando mejoras importantes a veces?

Josefa Goñi Vergara

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