El gasto público

HACE no muchos años un punto que no podía faltar en los programas electorales era el tema de la modernización de la Administración pública. No había líder político que no tocara el tema con más o menos acierto, con más o menos demagogia, todos ellos consideraban y creían a modo de dogma religioso, sin excepción, que la administración se había quedado estancada en otras épocas de nuestra historia y que era algo anquilosado y obsoleto aunque la realidad dijera otra cosa. Ahora me temo que al albur de la crisis que padecemos, hay un tema que se incorporará para mucho tiempo al discurso político como es el tema del gasto público, cómo reducir el déficit público.

Y me temo que este tema también se tocará con bastante demagogia sin importar si lo que se dice se ajusta a la realidad. A menudo cuando nos hablan del gasto público pensamos rápidamente en las nóminas de los empleados públicos y que quizás hay demasiados, como si solamente fuera eso lo más importante, cuando en realidad puede parecer como el chocolate del loro o la punta del iceberg, que aunque es lo más evidente no tiene que ser necesariamente lo más importante.

El otro día me comentaba un amigo que se medica contra el colesterol desde hace una década que el médico le ha recetado un genérico en vez del medicamento que tomaba habitualmente y que de pagar 14 euros ha pasado a pagar 2,20 euros por la caja y lleva una larga década medicándose. Enseguida hice mi composición de lugar, unos dos millones de personas con problemas de colesterol y el ahorro que supone la prescripción de medicamentos genéricos, a veces un 300%. Si trasladamos el ejemplo a otras patologías crónicas como los diabéticos, hipertensos, enfermedades de corazón, enfermedades mentales, etcétera, y teniendo en cuenta que el gasto farmacéutico representa un tercio del total del gasto sanitario, nos daremos cuenta de que hablamos de cifras mareantes y nos daremos cuenta también de los grandes beneficios de la industria farmacéutica.

¿Hasta cuándo vamos a tener gestores políticos al frente de las grandes empresas públicas, como RTVE, Aena, Renfe, Iberia y Telefónica en el pasado, en donde se enjugan las pérdidas, con cargo a los presupuestos públicos y una vez saneadas se privatizan o se venden al mejor postor?

¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando la presión de las compañías eléctricas, que por no haber fijado la tarifa real del kilowatio/hora, están constantemente llamando al Tesoro Público, e incluyendo importantes partidas de dinero público en sus balances económicos? ¿Cuál es el coste real de las subvenciones a las energías renovables?

¿Hasta cuándo vamos a aguantar las veleidades de ciertas televisiones autonómicas, que despilfarran sus dineros en campañas publicitarias extravagantes, pagando cifras millonarias a los famosillos del momento? ¿ De qué sirve que el Estado imponga rigor en sus cuentas si algunas autonomías se endeudan sin parar, interviniendo y creando empresas, etcétera, e hipotecando el futuro de sus habitantes?

Otro capítulo aparte es el militar. Hace poco oía que Alemania iba a rebajar 10.000 millones de euros en cuatro años, todavía estoy por oír aquí algo semejante y eso que estamos gobernados por un partido socialista.

Eso sin contar que también se puede actuar sobre el ingreso no solamente sobre el gasto con una política fiscal progresiva, que paguen más los que más tienen, con la vuelta del impuesto sobre el patrimonio, instauración de la tasa Tobin para los intercambios comerciales, potenciar la lucha contra el empleo sumergido y el fraude fiscal, etcétera. Hay otras soluciones contra la crisis, no solamente recortando gasto público. No puede ser que los mismos que originaron la crisis económica sean también los que digan cómo solucionarla. ¿Dónde está la izquierda, la socialdemocracia en Europa? ¿Dónde está la Internacional Socialista? ¿No se les oye? El Estado de bienestar social europeo está en peligro, no en crisis como nos quieren hacer creer desde el rampante neoliberalismo económico. Los poderes económicos, aprovechando la crisis, quieren un adelgazamiento y debilitamiento del Estado, quieren derribar el Estado de bienestar social que tanto años ha llevado construir para ocupar ellos ese vacío económico (privatizaciones) e institucional y seguir creciendo, buscando solamente el interés económico y no el bien común. Cuando lo que realmente ha demostrado esta crisis económica es que es imprescindible la presencia de un Estado fuerte y omnipresente, no sólo a nivel nacional, para redistribuir los beneficios económicos y garantizar así la cohesión y el bienestar social para todos los ciudadanos, limitando los excesos de estos poderes económicos transnacionales.