La reforma laboral y el recorte salarial de los empleados públicos

eL pasado mes de mayo nos encontramos con una de las noticias más funestas para la Negociación Colectiva en nuestro país: el Presidente del Gobierno de la Nación anunció en sede parlamentaria la adopción de un paquete de medidas para la lucha contra el déficit de las Cuentas Públicas. La medida estrella fue el recorte, de un 5% de media, de los salarios de los empleados y empleadas públicos. Y pasará a los más oscuros anales de la historia del movimiento sindical con el sabor amargo de la violación flagrante de un derecho básico de los trabajadores y trabajadoras recogido en el artículo 37.1 de la Constitución Española y que entronca a su vez con el derecho fundamental de libertad sindical del artículo 28.1 de nuestra carta magna.

El carácter confiscatorio de la medida es claro y perseguido por el R.D. Ley de 20 de mayo de 2010, vulnerando el principio de fuerza vinculante de los contratos libremente perfeccionados entre las partes y sin establecer medida compensatoria alguna respecto a los derechos que expropia a los trabajadores y trabajadoras públicos. Contrato o acuerdo que se produce además dentro de la negociación colectiva laboral consagrada por el artículo 37 de la Constitución Española. La excepcionalidad de la medida solamente sirve para intentar maquillar lo inexplicable (¿o esas circunstancias excepcionales invocadas en el R.D. Ley no existían también en el momento de suscribir el acuerdo?) y únicamente busca contentar a la galería, o a quién nadie conocemos y del que todos oímos hablar siempre como un ente con voluntad propia y que es capaz de marcar el paso a gobiernos democráticamente elegidos por sus ciudadanos: "el mercado".

Y quién sabría decirnos a los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Públicos si la medida ha saciado lo suficiente a ese "mercado" o si, la mera voracidad de su constitución y ser, no le va a pedir más de lo mismo una y otra vez. Su máxima es hacer ganar dinero a sus agentes y saltan las alarmas cuando esto no ocurre. Pero se nos ha olvidado que la máxima del Estado Social y de Derecho es redistribuir una parte de esa riqueza entre la ciudadanía.

En Navarra llueve sobre mojado. El Acuerdo se firma con el Gobierno de Navarra en el mes de marzo de este año, tras dos años largos de dura negociación, sentando dos bases que a ambas partes nos parecían ajustadas dado el contexto de crisis en el que nos encontramos:

La primera, el mantenimiento del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras públicos.

Y la segunda y no menos importante, el mantenimiento en cómputo general del volumen de empleo en la administración, lo que conlleva, a su vez, un mantenimiento del nivel de calidad de los servicios públicos.

Pues bien el recorte ha supuesto una puñalada de lo más dura a la Negociación Colectiva. Se ha incumplido por completo el acuerdo tan sólo dos meses después de firmado. Nuestros salarios han regresado de golpe al año 2007. Y lo que es más grave, el Gobierno de Navarra, haciendo dejación de sus funciones e incumpliendo sus compromisos, se ha olvidado de defender sus competencias, por cierto exclusivas en materia de función pública, y ha aplicado esta medida del paquete (otras no por cierto, léase el endeudamiento de los ayuntamientos, alegando para ello esas mismas competencias exclusivas) en toda su integridad y dureza (en la CAV, por ejemplo, la reducción ha sido del 2,8%) y frotándose las manos ha preferido pensar en lo bien que nos van a venir estos dinericos.

Ni que decir tiene el sentimiento que puede embargar a los compañeros y compañeras de la AGE que han sido utilizados como elemento ejemplarizante y comienzo del hilo conductor para meter desde el Gobierno de la Nación, la tijera a las Cuentas de otras Administraciones distintas de la Administración del Estado que según se dice parece que no "habían hecho los deberes". El peso del Capítulo Uno en las Cuentas Generales de la Administración del Estado viene siendo algo menos de la mitad que la media en el resto de las Administraciones.

A falta de la posibilidad de practicar una devaluación monetaria, y tirando por el camino más fácil, a los empleados y empleadas públicas se nos ha impuesto una "devaluación parcial" de nuestros derechos. Esta práctica no se había ensayado antes en nuestra economía y sus frutos pueden estar envenenados, pues su traslación, como así se pretende, al resto de trabajadores puede tener efectos perversos en los derechos laborales y en las economías familiares del conjunto de trabajadores de nuestro país.

Se dice que son medidas impuestas por Bruselas, cuando lo cierto es que son obligaciones que nos hemos creado al ceder parte de nuestras competencias económicas a la UE y por allí parece que soplan aires neoliberales y nada benignos para la salud de los derechos laborales.