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SOCIEDAD | AGRESIÓN DE DOS AGENTES A UN INMIGRANTE

SOS Racismo denuncia a Barcina y al jefe de la Policía Municipal por "encubrimiento"

alega ante la fiscalía que pudieron ocultar LA CINTA de la agresión al detenido

Recuerda que los responsables municipales, que conocían el vídeo, "deberían haberlo remitido" al juzgado en 72 horas

marivi salvo - Viernes, 2 de Julio de 2010 - Actualizado a las 07:53h.

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Barcina y Simón Santamaría, jefe de la Policía Municipal.

Barcina y Simón Santamaría, jefe de la Policía Municipal. (J.BERGASA)

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pamplona. SOS Racismo presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) porque entiende que los responsables de la Policía Municipal y del Ayuntamiento de Pamplona han podido incurrir en un posible delito de "ocultamiento o encubrimiento", al no poner en conocimiento judicial, en las 72 horas siguientes a que se produjeran los hechos, el vídeo con las agresiones a un detenido en el retén de la Policía Municipal y que ocurrieron el 13 de septiembre del año pasado. Esta acusación se refiere tanto a la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, como a la concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Elizalde, el jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría, y los mandos del cuerpo que tuvieron conocimiento del vídeo. Los hechos han sido presentados ante la Fiscalía, y ahora, una vez que el juzgado abra diligencias previas, el fiscal solicitará las pruebas pertinentes para determinar si abre la causa.

En concreto, SOS Racismo hace referencia a la Ley Orgánica 4/1997 por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. En la misma se recoge que si la grabación "captara la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales", las fuerzas de seguridad deben poner la cinta original de las imágenes "a disposición judicial con la mayor inmediatez posible, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas" desde su grabación. Para su valoración como posible delito se basan en que la misma Audiencia Provincial, según resolución de 21 de junio, considera que las cámaras pudieron captar "la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales". Hay que señalar que. sin embargo, el propio jefe de la propia Policía Municipal valoró, en el expediente abierto a uno de los agentes, que el trato al detenido era tan sólo una falta leve.

Los hechos, en los que varios agentes (al menos dos) propinaron diversos golpes y empujones a un inmigrante esposado, tuvieron lugar en el mes de septiembre y actualmente se instruye el caso después de que fueran denunciados por el agredido y por SOS Racismo. De hecho, esta organización el pasado 9 de junio hizo públicas las imágenes grabadas por las cámaras de la Policía Municipal.

Según explica SOS Racismo, un día después de la difusión pública del vídeo, la concejala Ana Elizalde, responsable del área de Seguridad Ciudadana de la que depende el cuerpo policial, aseguró en la Comisión de Presidencia y Cuentas del Ayuntamiento de Pamplona (como se recoge en el acta) que tenía conocimiento de lo ocurrido y de la existencia de la grabación "cuando se produjeron los hechos". También dijo que el vídeo se había guardado y se envió al juzgado cuando éste lo solicitó, un mes después de ocurrir el suceso, y reconoció que no por iniciativa propia del Consistorio.

LOS FUNDAMENTOS De todas estas situaciones, SOS Racismo enumera que los hechos grabados pueden ser "constitutivos de ilícitos penales"; que tanto la concejala Ana Elizalde como Simón Santamaría conocían los hechos y las imágenes "desde que se produjeron" y que ninguno de los dos los pusieron "inmediatamente en conocimiento del juez o del fiscal", ni presentaron la grabación a la autoridad judicial. Por último, alegan que las imágenes fueron remitidas un mes después, "y de manera no voluntaria sino a requerimiento de la jueza del caso, a solicitud de la acusación particular que representa el agredido".

Por todo ello, SOS Racismo considera "se ha podido producir una ocultación o encubrimiento de un posible hecho delictivo, además de otras posibles vulneraciones de Ley" por parte de los responsables del cuerpo, y en última instancia de la propia alcaldesa de Pamplona. Entienden que ésta actitud "pudiera ser delictiva" y estiman que es su "derecho y deber" ponerlo en conocimiento de la Fiscalía "al objeto de que se investigue si alguna de las personas citadas o cualquier otra pudieran haber incurrido en infracción penal".

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