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hay 3.859 receptores y el ejecutivo destina 5,5 millones más a su contratación (10 en total)
Empresas públicas contratarán a 140 personas por seis meses en tareas y obras medioambientales
ana ibarra - Viernes, 25 de Junio de 2010 - Actualizado a las 07:55h
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Varias personas esperan su turno en una oficina del Inem. (UNAI BEROIZ)
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pamplona. En apenas un año más de 1.200 familias se han visto obligadas a pedir una renta básica para poder subsistir. Navarros que han perdido su trabajo y han agotado todas las prestaciones de desempleo. Ya suman 3.859 los perceptores de renta básica, el 60% de ellos en situación conyuntural, es decir sin elementos de exclusión que no sean la falta de empleo, un colectivo que por otro lado va en aumento como consecuencia de la crisis, recalcó ayer la consejera de Asuntos Sociales Maribel García Malo. Asimismo, un 40% de los beneficiarios son "estructurales", carecen de recursos por otras circunstancias (factores sociales o personales) como falta de salud, vivienda o dificultades en las relaciones interpersonales, y se mantienen en número.
Precisamente, para generar nuevas oportunidades de empleo para los colectivos "más vulnerables" el Ejecutivo foral ha destinado 5,4 millones para la contratación de 655 perceptores para la inserción en el mercado laboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. En concreto, se han reforzado tres programas de empleo social protegido y de contratación de empresas públicas, y la iniciativa es una de las 34 medidas anticrisis acordadas a finales de marzo por el Gobierno y el PSN.
A través del Programa de Empleo Social Protegido, recogido en la Cartera de Servicios Sociales de Navarra, se añadirán 1.830.000 euros a los 5.300.000 presupuestados inicialmente. De esta manera se prevé que se contraten a 200 personas más a través de este programa sumando así 800 empleados. El programa está dirigido a entidades locales (ayuntamientos) y organizaciones de iniciativa social que contraten, por periodos no inferiores a seis meses, a personas en situación de exclusión o riesgo. Asimismo, el año pasado se puso en marcha por primera vez el Programa de Empleo Comunitario de Interés Social (ECIS) a través del cual se contrató a 263 personas y este año se repetirá la experiencia con la contratación de 315 personas para lo que se invertirán 2.069.000 euros. El ECIS, implantado a través de entidades locales y de iniciativa social, se dirige a personas que perciben prestaciones sociales, que no presentan indicadores de exclusión social estructural. Al programa de este año se podrán presentar solicitudes de mancomunidades de servicios generales (como las de residuos o transportes). Asimismo, cada ayuntamiento o mancomunidad podrá contratar para su Servicio Social a personal administrativo dentro de los mismos perceptores (una familia) para reforzar la actual carga de trabajo. La convocatoria de esta medida salió publicada el 26 de mayo y se encuentra en fase de resolución.
El último programa está también dirigido a desempleados en situación de exclusión conyuntural y persigue el empleo en empresas públicas de aproximadamente 140 personas (30 de ellos como capataces), con contratos de seis meses. El objetivo del Departamento es lograr "contrataciones masivas", para lo que se ha pensado en empleos relacionados con obras medioambientales como mantenimiento de bosques, ríos y caminos, apertura de cortafuegos o repoblaciones forestales. Para esta actuación se han presupuestado 1.512.000 euros. Las convocatorias con los requisitos y características de estos dos últimos programas de empleo social saldrán publicadas en el BON de este viernes 25 de junio.
10,7 millones En total, Navarra gastará este año 10,7 millones para dar una oportunidad de empleo a 1.255 familias "vulnerables". 600 empleos ya están en tramitación a través de los programas de empleo social protegido en marcha para los receptores de siempre y a los que se suman este año, con las medidas anticrisis, otros 655 contratos. El año pasado fueron 600 personas las empleadas a través de programas de Empleo Social Protegido y otras 263 contratadas por 43 entidades locales y 2 fundaciones. Los beneficiarios del programa social comunitario tuvieron contratos de 6 meses, en los que se subvenciona el 140% del SMI (633,30 euros). De las 263 personas contratadas, 256 lo fueron por ayuntamientos.
La medida se financiará con parte del dinero presupuestado para la renta básica y que los beneficiarios recibirán por esta nueva vía. Las demás medidas se financiarán con la partida específica de 20 millones de los presupuestos. El resto, hasta los 33 millones anunciados dentro del paquete anticrisis, saldrá de la reordenación del gasto, que va a suponer un recorte de cien millones en diversas partidas del presupuesto.
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