El Ejecutivo foral reta al Estado con un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto

PAMPLONA.  El PSN ha registrado en el Parlamento de Navarra una propuesta de declaración institucional para que el Legislativo exprese su apoyo a la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria, después de que ayer el Gobierno foral anunciara que iniciaba trámites para recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.

En la declaración institucional, el PSN propone que el Parlamento de Navarra se comprometa a la defensa de los plenos derechos de libertad sexual y reproductiva de las mujeres navarras, en iguales condiciones que en conjunto de España.

La portavoz del PSN en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra, María Chivite, recordó hoy en declaraciones a los medios de comunicación que su grupo ya registró ayer una moción para exigir que el Ejecutivo retire el recurso y señaló que "no hay por dónde coger" la iniciativa del Gobierno. "Se acoge a algo que creemos que no va a tener cabida en el Constitucional", dijo.

Chivite consideró que este recurso "es una excusa más para que las mujeres navarras no tengamos el mismo derecho que las mujeres del resto de España" y criticó que "el Gobierno de UPN, rancio y conservador, quiere que esta ley no se aplique en Navarra". "Ellos pagan los servicios, porque está garantizada dentro de la Cartera de Servicios, pero no quieren que se haga dentro de la comunidad. Esto es de hipócritas. Vamos a tomar todas las iniciativas posibles para que se pare este recurso", dijo.

 

UPN: "La ley incurre en contrafuero"

El Gobierno de UPN recurrirá la Ley de Educación Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con el argumento de que "invade competencias" autonómicas, e "incurre en un contrafuero", al establecer, en su disposición quinta, que las mujeres tienen derecho a solicitar la intervención en la comunidad autónoma en la que residen. Para los regionalistas, la ley plantea situaciones de "imposibilidad de organizar la prestación sanitaria", "quiebra del carácter integral del Sistema Nacional de Salud", contraviene "los principios de derecho europeo" e incurre en un contrafuero".

Así lo anunció ayer la consejera de Salud, María Kutz, quien siempre ha defendido que Navarra cumple la ley estatal cuando, en realidad, Navarra se limita a pagar a las afectadas las intervenciones fuera de la CCAA. La nueva ley, que mejora la actualmente vigente y la amplía desde las perspectivas de la prevención y de la educación, entrará en vigor a principios del mes de julio siempre que, a la vista del recurso de UPN, el Constitucional no decida lo contrario.

El Gobierno de UPN acordó en su consejo de ayer iniciar el procedimiento para recurrir ante el Tribunal Constitucional dicha ley. La consejera de Salud, María Kutz, precisó que la citada invasión de competencias afecta a la capacidad que tiene Navarra para decidir "la organización, funcionamiento y planificación" de sus servicios sanitarios, tal y como recoge el artículo 149 de la Constitución y el 53 de la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral.

Y es que en Navarra no se practica la interrupción voluntaria del embarazo pero la disposición final 5 de la nueva ley del aborto, que entrará en vigor en julio, precisa que se garantizará esta prestación en la "comunidad de residencia" de la embarazada siempre que la mujer así lo solicite. Esta disposición fue incluida en la ley orgánica a raíz de una enmienda presentada por NaBai, que defendió la diputada foral Uxue Barkos, y que es la que, a juicio del Gobierno de Navarra, no sólo representa una invasión de las competencias forales, sino que supone además una "contradicción" con respecto a otros artículos de la misma ley.

Kutz comentó que el artículo 18 de la ley de educación sexual indica que esta prestación estará incluida en la cartera de los servicios comunes del Servicio Nacional de Salud y serán los servicios públicos en el ámbito de sus competencias los que garantizarán el derecho a la misma.

Para ello, según añade el artículo 19 de dicha norma, la interrupción del embarazo se podrá realizar en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma (concertados) y, si no se pudiera facilitar la prestación, la embarazada tendrá derecho a ser atendida "en cualquier centro acreditado del territorio nacional".

al consejo de navarra Ésta es la vía que hasta ahora ha utilizado la Comunidad Foral y por eso la consejera insistió en que Navarra "cumple" lo determinado en los mencionados artículos 18 y 19 de la nueva ley del aborto, pero sin embargo la disposición final 5 es "el núcleo de la invasión de las competencias". El plazo para presentar el recurso finaliza el próximo 3 de julio, y por eso el Gobierno foral remitirá ahora su acuerdo de recurrirla al Consejo de Navarra para que éste "con carácter de urgencia" emita el preceptivo dictamen.

El acuerdo aprobado ayer por el Gobierno de Navarra ha sido remitido al Consejo de Navarra para que emita el dictamen con carácter de urgencia ya que, como queda dicho, el plazo para recurrir concluye el 3 de julio, precisó Kutz.