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Memoria histórica y amnesia colectiva
La dura reacción a los actos de apoyo a Garzón -"guerracivilistas" para la derecha revisionista- muestra los prejuicios ideológicos de importantes grupos de poder que aún rechazan investigar los crímenes del franquismo
Jueves, 15 de Abril de 2010 - Actualizado a las 07:18h.
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lA nueva trifulca política, judicial y mediática alrededor de los actos en apoyo del juez Baltasar Garzón ha vuelto a mostrar la realidad de una justicia politizada y de una jerarquía judicial sometida aún hoy a los prejuicios ideológicos, y en buena parte heredera de la misma magistratura que formó parte de las elites de poder del anterior régimen franquista, como denunció el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Sin embargo, la respuesta a esta denuncia tanto del Consejo del Poder Judicial, que se ha apresurado a denunciar esos actos de apoyo como ataques al Tribunal Supremo, como de la derecha política y mediática -algunos medios portavoces del revisionismo derechista califican los actos de "guerracivilistas", y Rajoy de algarada antidemocrática-, incide en la bochornosa evidencia de que todavía hay importantes sectores de poder en el Estado español -beneficiados por la amnesia impuesta a una Transición sometida a las urgencias de la amenaza involucionista-, que se niegan a cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo. De hecho, se busca tanto desacreditar e inhabilitar a Garzón -aunque en la polémica se mezclan también errores procesales del propio juez y razones de enfrentamiento personal con otros compañeros de profesión-, como paralizar el debate social y la investigación judicial sobre esos 40 largos años de represión, violaciones de derechos humanos y asesinatos. La jurisprudencia internacional sobre derechos humanos establece que ninguna Ley de Punto Final -el revisionismo neofranquista alega que eso fue la Transición- puede amnistiar los crímenes contra la humanidad, y en el caso del régimen franquista se trata de miles de asesinados y represaliados, al margen de los años de guerra entre 1936 y 1939, muchos de ellos aún hoy desaparecidos -como en Argentina o Chile-, en cunetas, barrancos y tapias de cementerio. Sólo en Navarra, donde ni siquiera hubo frente de guerra y se asesinó impunemente, de forma ilegal y sin juicio, a 3.300 personas, se calcula que más de 1.000 de ellas todavía están sin localizar. Y la desaparición forzada está considerada como un crimen contra la humanidad que no prescribe. Si no es Garzón, la Justicia debe decidir quién y cómo se aborda la investigación de las fosas del franquismo y la recuperación de la memoria histórica y humana de sus víctimas. No por venganza, sino porque la imposición de la amnesia colectiva devalúa la democracia.
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