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Solicita información al Gobierno foral por el suicidio de un menor en ilundáin
La ONG afirma que "la responsabilidad es de la Administración"
diario de noticias - Sábado, 6 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 08:41h
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Virginia Álvarez, Esteban Beltrán y Marian Martín, en la sede en Pamplona de Amnistía.
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PAMPLONA. Presente en 150 países y fundada en 1961, Amnistía Internacional (AI) se ha convertido en una organización no gubernamental de referencia en la defensa de los derechos humanos. Su trayectoria le concede también un papel de interlocutor válido para analizar, investigar e informar ciertas denuncias que, de lo contrario, tendrían difícil puesta en la escena pública. Así fue el caso de Miguel, un menor de 17 años de Tudela, que se suicidó el 25 de marzo de 2009 cuando llevaba dos meses interno en el centro de menores que el Gobierno de Navarra posee en Ilundáin y que gestiona la Fundación Haritz Berri. La noticia vio la luz con la difusión del informe "Si vuelvo, ¡me mato!" y que analizaba la situación de los menores en cetros de protección terapéuticos en Madrid, Andalucía y Cataluña, y que hacía referencia al caso del joven tudelano.
A raíz de esta noticia, Amnistía Internacional, a través de su director en España, Esteban Beltrán, y la portavoz en Navarra, Marian Martín, tuvo ayer la oportunidad de iniciar el diálogo con las autoridades navarras mediante una reunión con Loren Albéniz, directora General de Familia e Infancia, así como con dos representantes del centro de Ilundain. AI pidió ayer al Gobierno foral que "revise los protocolos y manuales que existen en los centros de me-nores de la Comunidad foral desde el punto de vista de los principios de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad".
Beltrán insistió en la necesidad de que el Gobierno foral "revise" los protocolos de los centros de menores, en los que se fijan cuestiones como "el modo en el que debería ser ingresado un menor, o que todo menor de 12 años debe dar un consentimiento informado del tipo de tratamiento médico que recibe".
tratamiento médico Por ello, solicitó a Albéniz que revise "hasta qué punto en Navarra esos menores son informados y dan su consentimiento al tipo de tratamiento médico que están recibiendo". Además, le pidió información sobre "cómo se regulan los derechos y deberes de los menores, si los centros cumplen con las recomendaciones de Naciones Unidas, y la forma de supervisión de los centros".
Asimismo, AI recordó que estos protocolos "prohíben los castigos corporales, la reclusión en celdas oscuras, las penas de aislamiento en cualquier tipo de situación, la celda solitaria, la reducción de alimentos, o la restricción y denegación de contactos con familiares". Por último, Beltrán insistió en que la responsabilidad esencial del centro "es de la Administración". Navarra dispone de 201 plazas para menores en todos los ámbitos.
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