El Gobierno foral rechaza el pago de peaje que propone Guipúzcoa para Etxegarate

pamplona. La posibilidad de que la Diputación de Guipúzcoa instale un peaje en el puerto de Etxegarate recibió ayer un rechazo rotundo tanto de transportistas y empresarios como del propio Gobierno de Navarra. La consejera de Obras públicas, Laura Alba Cuadrado, criticó la iniciativa guipuzcoana, que tildó de "injusta, discriminatoria y absolutamente inoportuna en el clima actual", tras una reunión en la que participaron el presidente de la Cámara Navarra de Comercio e Industria, Javier Taberna, el presidente de la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por carretera y Logística (ANET), Rafael Irigoyen, el director gerente de la Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra (TRADISNA), Antonio Monzó, y la Directora General de Transportes, Susana Labiano.

La propuesta proyectada por la diputación guipuzcoana plantea la instalación de un peaje en la N-1, a la altura del puerto de Etxegarate, que cobraría entre cinco y seis euros a los vehículos pesados. Esta iniciativa se basa en la directiva europea 1999/62/CE, también conocida como "euroviñeta", relativa al cobro de tasas por el uso de ciertas infraestructuras a los vehículos de transporte de mercancías.

Sin embargo, el Gobierno de Navarra se posicionó totalmente en contra de la medida, ya que según Alba, es "falso que la obligatoriedad de implantar peajes sea impuesta por la directiva europea". Según subrayó la consejera, esta ley simplemente legisla el modo en que debe realizarse el pago de las tasas, aunque en ningún caso obliga a hacerlo. Citó como ejemplo la decisión del gobierno estatal de no instaurar peajes más allá de los que ya existen actualmente, según la transposición que ha realizado de la directiva europea.

De hecho, Alba cuestionó la legalidad de la propuesta, ya que se ha planteado utilizar fórmulas compensatorias mediante medidas fiscales por las que los ciudadanos guipuzcoanos no paguen esta tasa. Y es que, según la misma directiva en la que se apoya la propia diputación, "los peajes y tasas se aplicarán sin discriminación directa o indirecta por razón de nacionalidad o del origen o destino del vehículo".

incomunicación La consejera afirmó que lo que pretende la diputación de Guipúzcoa es tratar de " eludir el coste de los guipuzcoanos para que lo paguemos todos los demás". Según explicó, "se está buscando hacer una discriminación a los transportistas que no sean guipuzcoanos. Esto, aparte de injusto, nos parece que roza la legalidad y nos gustaría aclarar que si encontramos algún mecanismo o resquicio legal actuaremos en consecuencia". Según Alba el Gobierno de Navarra se siente "incómodo por la falta de vías de comunicación" con la Diputación de Guipúzcoa.

Pero además, la consejera fue más allá, señalando lo que según declaró es la razón de la medida: "La verdadera motivación es preservar el equilibrio económico y financiero de la sociedad pública Bidegi" (que acumula una deuda de cerca de 900 millones de euros). También criticó la gestión de la provincia vecina: "Las cuentas de la diputación sin el cobro de peajes desembocarían en la quiebra, teniendo en cuenta el endeudamiento de dicha sociedad. ¿Por qué los transportistas no guipuzcoanos, y muy especialmente los navarros, debemos pagar la falta de previsión, su error en la gestión y en la planificación de sus inversiones?". Además, según destacó, aunque los peajes serían pagados por los transportes de mercancías, "las consecuencias las pagaremos todos, ya que se gravaría también la exportación de nuestros productos y la importación de materiales, con lo que se colocaría el tejido empresarial en una situación menos competitiva, lo que se traduciría finalmente en una perdida de empleo".

la amenaza Javier Taberna, por otro lado, destacó que a largo plazo el efecto que se producirá será una desviación del tráfico de la N-1 a las carreteras navarras, "lo que supondría un mayor gasto a Navarra y un mayor perjuicio". Respecto a este último punto la consejera afirmó que intentarán utilizar la vía política, para lo que ya tiene prevista una reunión con el diputado de infraestructuras viarias de Guipúzcoa, Eneko Goia, que se celebrará mañana a petición del Gobierno de Navarra. Sin embargo, si la vía diplomática no funciona, de Alba fue contundente sobre las medidas que podrían tomar: "Que no se olvide que Navarra tiene sus propias competencias para gestionar nuestras vías transeuropeas y que si vamos a entrar en el juego de dirigir los flujos de tráfico por donde nos apetezca, en Navarra también tenemos capacidad de establecer nuestra propia política". "No es lo que desearíamos", afirmó, "pero tenemos ese as en la manga".