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por Alicia Ezker - Viernes, 19 de Febrero de 2010 - Actualizado a las 07:26h
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lA modificación de una ley no debería ser noticia. Las leyes son fruto del contexto social y político y, si éste cambia, y por su propia naturaleza es cambiante, es lógico que las leyes cambien, evolucionen y se adapten a las nuevas realidades y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Que el Parlamento de Navarra haya aprobado una modificación, por pequeña que sea, de la Ley Foral del Vascuence de 1986 es positivo en el sentido de que rompe casi un tabú sobre una ley que, por diferentes circunstancias, parecía intocable. La norma se ha cambiado gracias a una mayoría parlamentaria, como ha sucedido en otros casos, y por mucho que les pese a algunos ninguna piedra angular de la sociedad se ha resquebrajado. Al contrario, la vida va a mejorar para al menos un pequeño núcleo de personas en Belascoáin, Galar, Aranguren y Noáin. Sin embargo, ahí radica el lado negativo de la noticia: de nuevo la política se queda muy lejos de las demandas de la sociedad o de lo que ésta asumiría con naturalidad. El 66,5% de los consultados en la última encuesta sociolingüística así lo reconocía. En pleno siglo XXI, cuando los muros y las fronteras son virtuales y la cultura es más mestiza y plurilingüe que nunca, en esta pequeña Comunidad Foral se sigue manteniendo el concepto de zona en negativo. Navarra tiene una gran parte del territorio bajo el calificativo de no vascófona, lo que se traduce en la práctica en que miles de familias no pueden ejercer el derecho a elegir que sus hijos estudien en el modelo D público o puedan optar entre el euskera y el castellano para comunicarse con una Administración que les cobra los mismos impuestos sin atender a su lugar de residencia. Y es que cuando toda Navarra es zona anglófona (Educación está impulsando un modelo con inglés vehicular) resulta absurdo que se fijen mugas para una de sus dos lenguas propias. Tan absurdo como que la modificación de la ley ponga como requisito que estas localidades nuevas puedan incorporarse a la zona mixta si lo solicita "la mayoría absoluta del pleno municipal", negando a que otros pueblos (¿por qué sí Aranguren y no Tafalla o Sangüesa?) puedan acogerse a este mismo principio democrático por el hecho de estar más allá de esa línea artificial. Por eso no sirven ni el inmovilismo que busca la rentabilidad electoral en un sector antivasquista de UPN, ni los falsos términos medios en los que se refugian partidos como CDN -al que hay que reconocer el gesto que le costó la salida del Gobierno- o el PSN -que en dos debates internos involucionistas había frustrado otros intentos de modificación que iban más allá de este parche-; lo que sirven son posiciones que traten por igual a todos los navarros y navarras. Sin obligar, pero sin prohibir. Las lenguas suman y son un patrimonio inmaterial vivo de incalculable valor, un valor añadido en un mundo que tiende a la uniformización. Ninguna comunidad moderna legisla en contra de sus propios idiomas. Navarra no puede ser la excepción y no debería serlo. Este positivo cambio legal no zanja el debate, sino que es el primer paso para abrirlo de verdad en aras de lograr una convivencia lingüística basada en la libertad de elección y la discriminación positiva. Las lenguas siempre suman. No existen zonas, sino ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos.
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