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La cabecera de los certificados en Estella debe ser bilingüe por costumbre jurídica

el secretario ha estudiado cinco normativas tras la negativa de la alcaldesa a firmar esos documentos

c. solano - Martes, 26 de Enero de 2010 - Actualizado a las 07:18h

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estella-lizarra. El secretario del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Alejandro Vicente, ha concluido en un extenso informe que la costumbre en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra es la de realizar los certificados con el encabezamiento en bilingüe, tal y como se hace en la ciudad desde por lo menos 1996. "Es una costumbre consolidada jurídicamente, tanto subjetiva como objetivamente, y como tal tiene derecho a continuar en la misma forma que se hace en la actualidad". Ésta es una de las dos conclusiones a las que llega el secretario después de analizar la Constitución Española; la Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra; la Ley Foral 18/1986 de 15 de diciembre del Vascuence; el Decreto Foral 29/2003 de 10 de febrero sobre el uso del Vascuence y la Ley de Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra. Precisamente, es en esta última ley en la que se determina que "la costumbre que no se oponga a la moral o al orden público aunque sea contra ley, prevalece sobre el Derecho escrito. La costumbre local tiene preferencia respecto a la general. La costumbre que no sea notoria deberá ser alegada y probada ante los Tribunales".

El resto de los textos también defienden el uso de las lenguas oficiales con frases como la que utiliza la Constitución cuando define que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección", o el Amejoramiento que le da categoría de lengua oficial al euskera; la propia Ley del Vascuence cuando afirma que "Navarra está obligada a preservar ese tesoro y evitar su deterioro o su pérdida"; el Decreto Foral 29/2003 que en ningún caso prohíbe ni mucho menos la utilización del euskera entre administraciones.

Como se recordará fue el grupo municipal de UPN el que solicitó al secretario un informe sobre el uso del euskera entre administraciones, concretamente sobre el Decreto 29/2003, después de que la alcaldesa se negase a firmar unos certificados con el encabezamiento bilingüe para enviar al Ministerio.

Tras analizar varias citas textuales de todas estas leyes, el secretario advierte, en su informe, de que "ni la alcaldesa, ni vosotros concejales, ni ningún partido político podéis cambiarlo. Solamente los parlamentarios que lo aprobaron pueden modificarlo. Se puede deducir contundentemente que estas normas garantizan, protegen y promueven el conocimiento del vascuence y que en ningún momento prohíben su utilización", explica. La segunda conclusión del secretario es que "si nos atuviéramos, y no es lo procedente ni aplicable en este caso, al Decreto Foral 29/2003 por el que se regula el uso del Vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra, debería ser el Pleno del Ayuntamiento el que acordase dicho cambio".

El secretario también se muestra sorprendido ante la solicitud de este informe ya que "en ningún momento me he negado a realizar los escritos tal como ella -la alcaldesa- me decía, simplemente le pedía que me lo ordenase por escrito". Vicente señala que él considera que no es la persona indicada para realizar ese informe "por ser una persona interesada en el expediente" y recuerda que hay otros funcionarios que podrían hacerlo y la existencia de Euskarabidea, a quien NaBai ya ha anunciado que pedirá un informe.

las claves

Lo que también recogió ayer Alejandro Vicente en su informe fueron los motivos que esgrimió Begoña Ganuza para no firmar los citados documentos, algo que hasta ayer no había hecho público. Según este funcionario, las palabras textuales de la primera edil fueron "el vasco -por el idioma- va en contra de mi ideología política y la de mis votantes". Por otra parte, el secretario especifica que el documento por el que UPN le solicitaba que redactase el informe no debería haberse aceptado en el registro del Ayuntamiento, al no constar una persona concreta en la solicitud sino ocho firmas cuando la ley especifica que en este tipo de solicitudes "deberá constar el nombre y apellido del interesado". Además, Vicente también recoge en su informe que aunque el documento tuvo entrada el jueves, ayer lunes a las 12 horas todavía no lo había recibido y explica que se enteró del requerimiento de UPN por los medios de comunicación y que cuando registró su informe aún no había recibido la solicitud.

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