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Amplía la capacidad legislativa del Ejecutivo y es equiparable al decreto ley estatal
El Estado ve con buenos ojos una modificación que ya se ha introducido en otras reformas de estatutos de autonomía
Ibai Fernandez - Viernes, 22 de Enero de 2010 - Actualizado a las 07:21h
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La comisión negociadora para la reforma del Amejoramiento, en su primera reunión en Madrid.
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Pamplona. El Gobierno de Navarra ha introducido la figura del decreto ley foral en la reforma del Amejoramiento que negocia con el Estado, una modificación que, de ser aceptada, autorizará al Ejecutivo autonómico a aprobar leyes de urgencia y de carácter extraordinario sin necesidad de contar con la autorización del Parlamento, como ocurre con las leyes forales. La modificación permitirá ahorrar el tiempo que dura el trámite parlamentario de cualquier ley ordinaria aprobada por el Ejecutivo, que en la actualidad sólo puede recurrir al decreto foral, y que únicamente posibilita el desarrollo de una ley ya existente.
La nueva fórmula legislativa sería equiparable al decreto ley estatal y, de igual manera, deberá ser debatida por el Parlamento foral en el plazo de 30 días para convalidarlo o derogarlo, habiendo un número limitado en el que pueda estar vigente sin aprobación parlamentaria. Sin embargo, la Cámara sólo podrá afirmar o negar el decreto ley, pero no modificarlo ni tampoco ignorarlo, tal y como ocurre en el Congreso con los decretos ley aprobados por el Gobierno central, lo que limita su participación en el proceso legislativo. A cambio, el Ejecutivo gana agilidad y se dota de una herramienta que amplía su margen de actuación en situaciones concretas.
La reforma La propuesta está siendo debatida en los encuentros que los respectivos servicios técnicos mantienen desde el inicio de la reforma para concretar los detalles de la modificación estatutaria. No obstante, se trata de una aportación que cuenta con el visto bueno del Ejecutivo socialista, y que también se ha incluido en los nuevos estatutos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, por lo que la parte navarra confía en su inclusión en el Amejoramiento del Fuero.
Será una de las principales novedades que reportará la reforma del autogobierno, que incluirá, también a petición del Gobierno foral, que en caso de disolución anticipada del Parlamento la nueva legislatura sea de cuatro años, y no por lo que reste del periodo anterior. A ambas propuestas se les une además la supresión del punto que regula los periodos de sesiones del Parlamento, que quedará remitido al reglamento de la Cámara, y que permitirá habilitar el mes de enero para la actividad parlamentaria.
La delegación navarra también negocia con el Estado varias iniciativas planteadas por el PSN, y que se centran principalmente en la inclusión de nuevas figuras institucionales surgidas en los últimos años como el Fiscal Superior de Justicia, el Defensor del Pueblo o la Cámara de Comptos; la reforma del articulo 68 para facilitar la participación en las instituciones europeas; así como diversas actualizaciones técnicas que habían quedado obsoletas en el texto de 1982.
El proceso Las delegaciones navarra y central mantuvieron el primer encuentro el pasado 17 de diciembre en la sede del Ministerio de Política Territorial en Madrid encabezadas por los vicepresidentes Javier Caballero y Manuel Chaves respectivamente.
Tras esta primera reunión ha tomado el testigo el equipo técnico bilateral, que será el encargado de matizar los detalles y poner sobre el papel las modificaciones apuntadas previamente por las delegaciones políticas. En todo caso, el acuerdo será ratificado por la comisión negociadora en una nueva cita que, si se cumplen los plazos previstos, tendrá lugar a finales de enero. Con la reforma cerrada, el nuevo texto será aprobado por el Gobierno foral, que lo remitirá al Parlamento navarro para que lo apruebe en lectura única. De allí volverá a Madrid, donde deberá recibir luz verde por las Cortes Generales, y donde que contará con el previsible apoyo de PSOE y PP, que ya han anunciado una posición favorable. Según los plazos marcados por la propia comisión negociadora, la reforma podría entrar en vigor durante la primera mitad de este año.
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