Las víctimas no son profesores

parece que el Gobierno Vasco va perfilando cuál va a ser el papel de las víctimas del terrorismo en la educación de nuestros hijos e hijas. Si no le he entendido mal a la consejera Isabel Celaá se trata de que su testimonio sea escuchado directamente en el horario lectivo de menores entre los 11 y los 12 años -sexto de primaria- y los 13 y 14 años -segundo de ESO- dentro de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Posteriormente, el alumnado será examinado como si de una materia educativa más se tratara. Todavía desconocemos con qué criterios se guiará esa evaluación y cuál será el sistema escogido para que esas voces se escuchen y si habrá finalmente una presencia física o virtual en las aulas.

Supongo, aunque no se ha dicho así, que se trata de vacunar a estos preadolescentes contra los efectos de la violencia para que asuman postulados pacíficos que excluyan el uso de la fuerza. El objetivo es loable, pero el camino escogido para alcanzarlo es una barbaridad pedagógica de efectos impredecibles.

Sabido es, y así lo vienen manifestando las propias asociaciones en las que se agrupan las víctimas del terrorismo y también quienes han decidido voluntariamente no incorporarse a ninguna -aunque a éstas víctimas rara vez se les otorga el reconocimiento social del que gozan las que hablan a través de siglas- que ellas nunca eligieron ser víctimas, que su condición vino impuesta por el terror. Aunque evidente, conviene recordarlo porque de esta circunstancia deriva que sus opiniones también pudieron ser alteradas por esa misma violencia y, por lo tanto, su discurso puede convertirse en violento. Ojo, he escrito que puede, no que necesariamente lo sea.

Olvidemos por un segundo la escuela y vayamos a una sala en la que un jurado debe emitir un veredicto sobre terrorismo. De forma automática quedarían excluidas de ese jurado popular todas las víctimas. No serían imparciales y es muy comprensible que así sea. Su opinión puede venir contaminada por el tremendo dolor que supuso una experiencia terrorista.

Volvamos ahora a las aulas. ¿De verdad queda garantizado que el testimonio de una víctima del terrorismo no se escorará hasta justificar lo que precisamente se trata de evitar? ¿No hay riesgo a alimentar esa espiral de violencia que convierte a las sociedades en insensibles ante el dolor por sobreabundancia? ¿Quién decidirá qué víctima está cualificada para ofrecer un testimonio de dolor, pero también de superación, de perdón o reconciliación? ¿O acaso es que estos valores quedan para otra asignatura?

Si de lo que se trata es de inculcar valores morales alejados del uso de la violencia, parece lógico que sea alguien capacitado para la enseñanza de ética quien imparta esas lecciones a nuestro joven alumnado. Meter directamente a las víctimas del terrorismo en el sistema educativo para prevenirlo es una temeridad innecesaria. Las víctimas deben tener otros canales de comunicar su condición, de exigir reparación y de ser escuchada su voz y atendida su demanda.

Una de jueces

La decisión del Tribunal Supremo sobre el llamado caso Ibarretxe corrige, sólo en parte, una tendencia de la Justicia española acentuada en los últimos años: condicionar las actuaciones políticas que atienden a deseos expresos de la sociedad. El lehendakari Ibarretxe no hizo otra cosa que tratar de llevar a buen puerto lo que había reflejado en un programa electoral que logró un amplio respaldo en las urnas. Pero parece que algunos jueces tratan de estar por encima de la voluntad popular y no se andan con miramientos a la hora de retorcer la ley para satisfacer o sus deseos políticos o su propia vanidad. El presidente en funciones del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, ha quedado muy tocado y sería incomprensible que un intercambio de cromos territorial -conservadores aquí, progresistas allá- le sirviera para renovar un nuevo mandato.

El siguiente episodio de esta injerencia judicial en la política va a ser la sentencia que emita el Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. En seis años se ha pasado de aquella afirmación de Rodríguez Zapatero de que se respetaría lo que decidiera el Parlament a un fallo que seguro corregirá a la baja lo que la ciudadanía catalana refrendó con su voto -cepillado de Alfonso Guerra mediante-.

Pero ninguno de estos desmanes hubiera podido ser posible si previamente no se hubiera construido un andamiaje judicial que pactaron PP y PSOE. Argumentar ahora que se han cometido excesos en la interpretación de esa legislación hecha a medida para meter en vereda al nacionalismo vasco es una hipocresía. Quienes impulsaron esas leyes también permitieron que se forzaran al máximo amparando a minúsculas organizaciones de recursos mayúsculos -¿de dónde salen sus fondos para esta frenética actividad?-. El único fin era cobrarse una pieza de caza mayor: Juan José Ibarretxe. Patxi López nunca fue objetivo de la cacería, sino que formaba parte de la batida. Y concluida la jornada, le sentaron en Ajuria Enea los mismos que hicieron el paripé de llevarle al banquillo.