La Fiscalía desmonta la acusación popular contra los acusados por el "caso Egunkaria"

pamplona. El juicio contra el periódico clausurado Euskaldunon Egunkaria se reanudará el martes en la Audiencia Nacional con la declaración del último de los agentes de la Guardia Civil que participaron en la operación policial que se saldó en febrero de 2003 con el cierre del periódico y la detención de los cinco ex directivos procesados, Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Xabier Oleaga, Txema Auzmendi y Joan Mari Torrealdai. Todos ellos, volverán a sentarse en el banquillo de los acusados.

Aunque la vista oral se retoma esta semana tras el parón navideño, el juicio se interrumpirá de nuevo hasta el próximo día 25. Será a partir de entonces, una vez hayan declarado todos los testigos citados -entre los que se encuentran algunos ex dirigentes de ETA-, cuando el proceso judicial entre en su recta final con la prueba pericial. Es en esta fase donde se analizará la consistencia de las pruebas e indicios, basados en informes de la Guardia Civil, que han llevado a la Audiencia Nacional a procesar a los cinco ex directivos de Egunkaria por su presunta vinculación con ETA-KAS.

Elementos probatorios, cuya veracidad y solidez ya contrastó pormenorizadamente la Fiscalía en 2006 y cuyas conclusiones recogió en un informe demoledor, que se resume en una frase: "no existen pruebas evidentes" de incriminación, por lo que "interesa el sobreseimiento" de la causa, sentenció el fiscal.

Precisamente, este informe del Ministerio Público cobra ahora especial relevancia, ya que los argumentos que expondrá la defensa, ejercida por Iñigo Iruin y José María Elosua, entre otros letrados, coincidirán en gran medida con lo que ya expuso en su día la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Concretamente, el fiscal Miguel Ángel Carballo, en su informe de 26 folios que remitió a este periódico, desmonta de principio a fin la investigación instruida por el juez Juan del Olmo. El Ministerio Público cuestiona desde el objetivo de la investigación hasta los elementos probatorios, uno por uno, aportados a la investigación, así como la propia calificación de los hechos que se juzgan. En dos palabras, pone patas arriba un proceso judicial que se ha prolongado casi siete años.

El tribunal presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez será el encargado de dictar sentencia y determinar la validez de las supuestas pruebas presentadas por la acusación popular, ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la asociación ultraderechista Dignidad y Justicia, y que se basan en un informe de la Guardia Civil sobre documentos incautados a ETA en distintas operaciones policiales desde 1990.

sospechosa investigación

La prensa publica las "pruebas"

El fiscal analiza en su informe los citados documentos de ETA y, antes de profundizar en su contenido, denuncia el "fracaso" de la investigación inicial -reconocido por el propio juez instructor Juan del Olmo- sobre la presunta implicación de Egunkaria en un entramado empresarial dirigido a la financiación de ETA. Al no lograrse acreditar ni que el periódico fuera fuente de financiación de la organización armada, ni que fuera instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de ETA, se decidió "reconducir" el procedimiento, subraya el fiscal, para "averiguar" ahora un delito más ambiguo; si Egunkaria era un "instrumento" de ETA para "la consecución de sus fines". El resultado, el mismo: "Tampoco se constata ese nuevo hecho", concluye el Ministerio Público.

Respecto a los elementos probatorios aportados, también hace unas precisiones previas. La primera, que "no existen pruebas evidentes", por lo que el procesamiento se sustenta en indicios, que deben ser "coherentes, lógicos y racionales", y no se da ninguna de las tres premisas. Por lo tanto, ésta es la primera razón por la que el fiscal entiende que así no es posible ejercitar la acusación.

En segundo lugar, recalca que los documentos objeto de análisis, no sólo fueron publicados en prensa en 1993 "sin que se llevase actuación judicial alguna como la presente", sino que ya fueron judicializados en otros procedimientos, como el macrosumario 18/98.

Y la tercera puntualización se refiere a la fecha en la que fueron incautados los documentos en los que la Guardia Civil basa su investigación. Es decir, entre 1990 y 1993, años paralelos a la gestación y primeros pasos del periódico. A partir de entonces, señala el fiscal, "no se encuentra documento alguno que sostenga" que Egunkaria a lo largo de los diez años de publicación habría sido un "artificio l egal" de ETA.

línea editorial DE "EGUNKARIA"

Interés, pero no control

En este sentido, el Ministerio Público alude a la línea editorial de Egunkaria y concluye que los procesados nunca dieron "justificación ideológica al terrorismo siguiendo una línea editorial que, por ejemplo, minimizase la violencia de dicha banda terrorista".

Respecto a la presunta intervención de ETA en la gestación y desarrollo del proyecto periodístico, la Fiscalía asegura que "no se ha encontrado ningún documento perteneciente a los procesados que se haga referencia a la intervención de ETA en el periódico". Sí reconoce que de los documentos incautados a la organización armada se puede deducir que ETA estaba "interesada" y tenía "conocimiento de alguna de las vicisitudes del periódico", pero "en ningún caso" que Egunkaria estuviera bajo su control.

Durante el juicio se analizarán diferentes extractos de documentos intervenidos a miembros de ETA, comunicaciones, cartas, cuadernos- agenda e incluso pos-it. De todo este material, para la Fiscalía "podría acreditarse una relación KAS-ETA, pero no ETA-Egunkaria o KAS-Egunkaria".

nombramiento de otamendi

ETA no le conoce

La presunta intervención de la organización armada en el nombramiento de los cargos directivos del periódico es también rechazada de plano por el Ministerio Público. Son varios los documentos de ETA en los que se mencionan los nombres de los procesados en relación a la designación del Consejo de Administracion, Consejero delegado y director del diario euskaldun.

En esos documentos, ETA-KAS estarían al corriente de los candidatos, ofreciendo incluso opiniones sobre los mismos, pero "ello -subraya el fiscal- no implica una prueba de que alguno de los procesados estén por ello inmersos en una asociación ilícita y menos en una asociación terrorista".

Es más, en unos de los documentos que la Guardia Civil atribuye a ETA, ésta afirma en relación a la candidatura de Martxelo Otamendi como director del diario que "la referida opción no nos parece muy terrible, aunque no le conocemos demasiado". El fiscal concluye que "no se le puede atribuir el nombramiento o control del nombramiento -de Otamendi- a ETA, cuando ni siquiera le conocen".

Otra de las interpretaciones "incongruentes" de la Guardia Civil sería la relacionada con el documento "Udaletxe", en el que ETA mostraría interés de "captar" a gente afín al MLNV, en este caso, dentro del Consejo de Administración de Egunkaria. De ser así, concluye el fiscal, ello acreditaría precisamente que "los dirigentes del periódico en la medida en que se precisa su captación son ajenos a la banda terrorista y a sus designios".

El Ministerio Público tampoco ve razonables las coincidencias que se dan sobre el accionariado y la fecha de lanzamiento del periódico en los documentos intervenidos a ETA y en los de los procesados.

subvenciones a "egunkaria"

ETA cree que será "domesticado"

El Zutabe número 74 del año 1995 es también determinante en favor de los procesados. En este boletín interno, ETA critica abiertamente a Egunkaria por recibir subvenciones públicas del Gobierno Vasco, ya que, dice, terminará siendo "domesticado". La Fiscalía recalca que ETA rechaza que Egunkaria sea subvencionado "cuando contrariamente es lo que se le atribuiría" a la organización. En relación a los Zutabes, el fiscal deja bien claro que el hecho de que alguno de los procesados tuviera en sus manos copias de los mismos, siendo además periodistas, "no es sinónimo de delito".

Al hilo de la labor periodística, también recuerda que el Tribunal Constitucional considera que "la simple publicación de comunicados de la banda terrorista no constituye un hecho penalmente perseguible". Es más, "es notorio que publicaciones actuales se han hecho y se hacen eco de los comunicados de la banda y no son objeto de procedimiento judicial", añade.

Éstos son algunos de los argumentos de peso que la Fiscalía destaca en su informe, por el que solicitó el archivo del caso Egunkaria, pero insiste, sobre todo, en el hecho de que "en los trece años de publicación no se encuentra ni una sola noticia, editorial o artículo que denote que -los procesados- participan de ese desdoblamiento político social, del deseo de aglutinar población en torno a ETA".

Por lo tanto, concluye el Ministerio Público, "si Egunkaria no es instrumento de financiación o de blanqueo de fondos provenientes del terrorismo, ni da un apoyo expreso o tácito al terrorismo de ETA, ni se fomenta ni se legitima la violencia, ¿de qué le sirve o sirvió a los fines de ETA la actividad del diario Egunkaria?". La respuesta: No hay caso, no procede abrir juicio oral, sentenció.