El Gobierno foral no paga a los abogados de oficio desde julio, tras agotar el presupuesto

pamplona. Cuando aún faltan dos semanas para concluir el año, la dotación presupuestaria que el Gobierno foral había previsto en 2009 para subvencionar la atención jurídica gratuita, destinada a las personas con ingresos limitados, ya se ha agotado. El aumento del número de expedientes está retrasando el pago de los servicios que los abogados del turno de oficio han efectuado durante el tercer trimestre del año en toda Navarra. Sólo en Pamplona, la cantidad que la Dirección General de Justicia adeuda a los letrados asciende a 275.000 euros, a los que hay que sumar los servicios prestados por los abogados colegiados en Tudela, Estella y Tafalla.

El compromiso del Ejecutivo foral es abonar la mitad de esa cantidad en fechas próximas, mientras que el resto del dinero y el pago concerniente al cuarto y último trimestre de 2009 se cargarían en las Cuentas de 2010, según apuntaron ayer desde el Colegio de Abogados de Pamplona, que ha intensificado los contactos con la Dirección General de Justicia para corregir la situación lo antes posible y enjuagar la errónea previsión de gasto realizada por el Gobierno de Navarra.

El departamento de Presidencia, Justicia e Interior desembolsó el año pasado 1.962.240 euros para garantizar el derecho de defensa de personas con escasos recursos económicos. La asistencia jurídica gratuita, que se canaliza a través de los colegios de abogados de la Comunidad Foral y que engloba a unos 220 letrados, fue solicitada en 7.548 ocasiones (cada persona puede necesitar la apertura de varios expedientes).

aumentan los expedientes Este año el Servicio Social de Justicia ha gestionado ya 9.040 peticiones de asistencia jurídica gratuita, lo que representa un aumento del 19%, en parte por el crecimiento de gestiones en materia de extranjería, el endurecimiento de infracciones a la normativa de seguridad vial en el Código Penal, la mayor conflictividad, casos relacionados con ámbito de la familia o los juicios monitorios por impagos (créditos, hipotecas, etc.). Igualmente, han aumentado el número de personas que recurre a la asistencia jurídica gratuita debido al empeoramiento de su situación económica (renta básica, cobro por desempleo o sin recursos).

Este incremento en la actividad del servicio ha reventado las expectativas de gasto del Gobierno de Navarra, que abona trimestralmente a los letrados los servicios realizados tanto en el turno de guardia, como cuando intervienen como abogados de oficio. De los 275.000 euros que aún no se han abonado al Colegio de Abogados de Pamplona, el Ejecutivo podría pagar algo más de la mitad la próxima semana, pero los 129.000 euros restantes, así como lo que cuesten los servicios que se lleven a cabo en el cuarto trimestre deberían descontarse del presupuesto de 2010.

Todos los requerimientos de asistencia jurídica gratuita son analizados por una comisión, que comprueba los ingresos del solicitante y sus cargas materiales. Como norma general, pueden acceder a esta ayuda las personas físicas con ingresos anuales de su unidad familiar inferiores al doble Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), en torno a 14.000 euros. Las ayudas pueden ser al 80% o el 100%, dependiendo de los ingresos. En casos excepcionales, según las circunstancias familiares (número de hijos, estado de salud, etc.) también es posible acceder a la asistencia jurídica gratuita en el caso de rentas inferiores al cuádruple del IPREM.

El objetivo de la asistencia jurídica gratuita es permitir a los ciudadanos desfavorecidos proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos. Previamente, la mencionada comisión analiza si la demanda del solicitante prosperará en los tribunales, esto es, si se trata de un caso perdido, si su resolución corresponde a otras instancias o si existe temeridad en el pleito. Esta insostenibilidad es residual, un 1% del total.