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solicita comparecer nueve meses después del caso junto a la directora general de familia
La Fundación afirma que se cumplieron "todos los protocolos de intervención" y que AI no se puso en contacto con ellos
e.c. - Jueves, 17 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 07:36h
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Vista de las instalaciones de la granja escuela Ilundáin. (efe)
Vista:
pamplona. Casi nueve meses después de los hechos y a raíz del informe de Amnistía Internacional, publicado ayer en este periódico, que desvelaba un posible caso de mala praxis en la atención a un menor que se suicidó en el centro de reforma de Ilundáin, la Fundación Haritz Berri, que gestiona el centro, solicitó ayer motu proprio junto a la directora general de Familia, Infancia y Consumo del Gobierno de Navarra, Loren Albéniz, una comparecencia parlamentaria "para explicar los detalles del trágico suceso", según explicó Eugenio Lecumberri, presidente de la Fundación, en un comunicado público.
La solicitud ha sido enviada a la presidenta del Parlamento foral, Elena Torres, con el objeto de celebrar una sesión de trabajo interna (sin la presencia de los medios de comunicación) en la comisión de Asuntos Sociales en la que también se tiene previsto exponer el proyecto educativo que actualmente se desarrolla en el centro de cumplimiento de medidas judiciales. Torres trasladará ahora esa solicitud a los grupos parlamentarios y éstos deberán decidir si solicitarán la comparecencia en la Mesa y Junta de Portavoces. Si el caso se tramitara por la vía natural y al tratarse enero de un mes inhábil en el Legislativo, la comparecencia po-dría retrasarse hasta febrero.
La fundación añade en su nota que "si bien comprendemos y compartimos el dolor de la familia del menor fallecido, Amnistía Internacional en ningún caso se ha puesto en contacto con Haritz Berri para conocer los detalles y el modo de trabajo desarrollado en el centro, donde se cumplieron todos los protocolos de intervención previstos". El Juzgado de Instrucción de Aoiz ha incoado diligencias para aclarar el suceso.
La familia del menor fallecido se encontraba disconforme con que su hijo recibiera medicación sin tener un diagnóstico, entiende que se cometió una negligencia y que a su hijo no se le estaba aplicando el tratamiento adecuado que requería. En esta línea, un ex educador del centro de Ilundáin declaró ayer a este periódico que "quizá el problema es que el chico (que fue internado porque era violento en el ámbito familiar para que fuera reeducado) tenía que estar internado pero quizá no en un centro así, donde estaba llamando la atención para salir. Quizá necesitaba tener más contacto inmediato con un psiquiatra, que determinara si padecía algún trastorno. Requería de una atención más específica". Este antiguo trabajador, al que le indigna que una educadora "vaya a comerse toda la responsabilidad", recalca que con estos jóvenes no conviene "aplicar políticas de control y disciplina".
La Fundación cumplió este año su 25 aniversario. A lo largo de este tiempo y en sus programas educativos han participado 1.400 jóvenes y dispone de diez plazas en su residencia de reforma para jóvenes de entre 14 y 18 años que cumplen medidas de internamiento en diferentes regímenes por sentencia judicial. Al lado de este espacio se está construyendo un centro de 20 plazas para este tipo de jóvenes. Las obras acabarán en 2010.
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