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Las entidades alertan de que la escasa oferta de empleo social protegido deja coja la renta básica

el presidente de la red contra la pobreza apuesta por extender los campos de trabajo

Cáritas critica que se pierda un año sin favorecer la cualificación en "nuevos empleos" acordes con otro modelo económico

a. ibarra - Miércoles, 16 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 07:36h.

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Ubaldo González Delgado preside la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión.

Ubaldo González Delgado preside la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión.

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pamplona. ¿Y después de la renta básica qué? Se trata de seis meses de cobertura aunque la prestación se renueva hasta un máximo de dos años. La respuesta es trabajo, aunque los perceptores sean perfiles diferentes y exijan salidas distintas. Cáritas diferencia dos grandes grupos: las personas que ya se encuentran en situación de marginalidad, y las que sufren las consecuencias de la crisis y no habían cobrado nunca esta prestación. El presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, Ubaldo González, entidad que agrupa a 24 organizaciones, apuesta por potenciar el empleo social protegido con "más recursos" para dar oportunidad a las que las personas que cobran la renta básica (durante o después de la prestación) y que sufren problemáticas añadidas a la falta de trabajo (dependencias, minusvalías, enfermedades, dificultades sociales para acceder al mercado "normalizado"...). Recuerda que existe una partida dentro de la casilla del IRPF -ahora regulada por ley- para el 2010 destinada precisamente a fomentar el empleo social.

Cree que los campos de trabajo que oferta el Ayuntamiento de Pamplona son positivos para la promoción social de este colectivo aunque sean empleos en exceso temporales (seis meses, un año...) pero que tienen un sentido "práctico". "Son programas que habría que ampliar en el tiempo y extender desde la Administración pero que también podrían ser gestionados con apoyos desde las propias entidades sociales y pone el ejemplo de Traperos con 190 personas trabajando "en diferentes ámbitos como transporte, reciclaje de materiales, reparación de electrodomésticos, etcétera". "Este tipo de empleos posibilitan la capacitación de personas que no tienen cualificación o que diversifican sus habilidades porque hasta ahora eran peones de la construcción", indica. "De nada sirve firmar un acuerdo de incorporación sociolaboral para que un beneficiario de renta haga un curso de carpintería si luego no tiene futuro en esa especialidad. Lo único que se consigue es que acumulen cuatro o cinco cursos", apostilla. Asimismo, la Red le preocupa "seriamente" -y así lo transmitió ayer en la comisión de crisis creada por el departamento de Asuntos Sociales con diferentes agentes sociales y económicos- el retraso en el pago de esta prestación de hasta cuatro y cinco meses. "Las más rápidas se están resolviendo en 70 días desde el departamento de Asuntos Sociales. Lo fundamental es que se agilicen los plazos", observa.

desempleo Desde Cáritas de Navarra, su coordinador Ángel Iriarte reconoce que el Empleo Social Protegido va destinado a personas en situación de exclusión, pero la mitad de las personas que pasan por esta entidad son "familias normalizadas que han caído en el desempleo por la coyuntura económica". "Se ha perdido más de un año de avance de la crisis para potenciar la formación en otro modelo de economía pero nadie da un paso hacia adelante", indica. "Hay que evitar que la gente que cobra un paro o un subsidio acabe en la renta básica. Hablamos de nueva economía, de investigación y desarrollo (I+D) pero no se está formando en nuevos empleos", apostilla.

Destacan además que los retrasos en la tramitación de la renta básica de "hasta cinco meses" se producen no sólo en Asuntos Sociales sino en los propios Servicios Sociales de Base. Mientras tanto, Cáritas ha realizado más de 800 anticipos en lo que va de año tras el convenio firmado con el Gobierno que luego les reintegra el dinero. Por su parte, desde el departamento foral de Asuntos Sociales se niegan retrasos de tres, cuatro y hasta cinco meses en el cobro de esta prestación. La Cartera de Servicios Sociales habla de 45 días máximos para que se resuelvan los expedientes y "los retrasos están siendo de 13 días", a los que hay que sumar el periodo de "un mes" que tienen de máximo los Servicios Sociales de Base para emitir su informe. "Dos meses y medio o tres meses no es un retraso es el plazo ordinario como media porque la renta básica no se cobra en 20 días", afirman.

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