AI denuncia una posible mala praxis en la atención a un menor que se suicidó en Navarra

pamplona. La organización no gubernamental Amnistía Internacional desveló ayer en el informe Si vuelvo, me mato, que analiza la situación de los centros de menores en Madrid, Andalucía y Catalunya, un caso de mala praxis en la atención requerida por un menor navarro, que fue internado en el centro de menores de Ilundáin y donde murió el pasado 25 de marzo, al parecer víctima de un suicidio tras dos meses de su internamiento.

La denuncia hecha pública por la ONG recoge el testimonio de la madre del menor, Margarita G., con quien se puso también en contacto este periódico. Sobre su hijo, de 17 años, recaía una medida de internamiento de seis meses, la más grave, que según recoge Amnistía fue elaborado por el equipo técnico de la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral. La familia del menor denuncia que éste estaba siendo sometido a un "tratamiento psiquiátrico, tomaba medicación y ni siquiera tenía un diagnóstico. En su historial figuraba que era hiperactivo desde niño, pero lo que les reprocho es que se le suministraba tratamiento sin que yo fuera informada y sin saber cuál era realmente su problema", señala la madre, vecina de una localidad de la Ribera". Me dijeron que darle el tratamiento no era una opción que yo pudiera elegir, sino que ya se le estaba dando porque ellos así lo consideraban".

En el documento que sacó a la luz Amnistía Internacional se reproducen frases del informe técnico de un educador que describe la conducta "violenta y tirana" del joven contra su madre y su hermana, que vivían un "estado de angustia y temor". Por tal motivo y, según la madre, "exagerando" los motivos de la denuncia porque "los propios especialistas me recomendaron que el internamiento era la única manera de reeducar a mi hijo", el joven fue internado en el centro que gestiona la Fundación Haritz Berri.

La versión que recibió la familia sobre la muerte del joven señalaba que al día siguiente de su fallecimiento iba a ser relegado durante una semana a la fase cero, el nivel más bajo del centro, al haber cometido una irregularidad (se le encontró en posesión de un porro). "Era una situación que debía entender que merecía un paso atrás", les informaron desde el centro. Por tal motivo, el menor se encontraba "alterado, con un comportamiento muy extraño porque veía que se le iba a castigar. La última vez que estuvo con su hermana le entregó unas cartas que al leerlas nos dejaron muy preocupadas. No tenían mucho sentido. Estaba casi despidiéndose", narra su madre. En el informe policial aparece que el interno ya había protagonizado un intento de suicidio y, durante esos últimos días, hablaba con frecuencia que ésa era su idea.

El episodio acabó cuando el menor fue trasladado a su habitación al negarse a jugar en el patio. El informe señala que la habitación fue cerrada por fuera por una educadora y, en ese momento, el joven utilizó el cinturón para suicidarse.

Por estos hechos, que un forense certificó como muerte violenta producida por un suicidio, se incoó un procedimiento judicial de oficio en el Juzgado de Instrucción de Aoiz. En caso de que el juez siga adelante con el proceso y halle indicios para la apertura de un juicio oral, la acusación particular que ejerce la familia del joven fallecido formulará una acusación por un posible delito de homicidio por imprudencia grave a la trabajadora responsable en aquel momento del menor, que ingresó en la habitación sin que le fuera retirado el cinturón, que al igual que prescindir de los cordones de los zapatos es una norma seguridad elemental. La familia y su abogado entienden que el menor "estaba llamando la atención, anunciando su suicidio y se produjo una negligencia muy grave". Por último, Margarita G. desea que "se esclarezcan los hechos, es lo único que he querido desde el principio", se depuren responsabilidades y que la información que le entreguen sea completa. "Ellos dicen que yo no soy receptiva a sus aclaraciones y yo creo que ellos no son claros conmigo", resume la madre.

Este periódico se puso ayer en contacto telefónico con la Fundación Haritz Berri, que se remitió a Asuntos Sociales para canalizar la información de este trágico caso. En el departamento del Gobierno foral respondieron que se trataba de una información privada, que se ofreció a la familia y que en el centro ya se habían establecido los protocolos e inspecciones precisas para aclarar todos los extremos.