La defensa hará suya la falta de pruebas que alegó la Fiscalía para pedir la absolución

pamplona. El juicio contra el periódico clausurado Euskaldunon Egunkaria que comienza mañana en Madrid pasará a la historia por muchas razones. Pero una de las más llamativas es la posición que ha mantenido la Fiscalía en este largo proceso judicial. El Ministerio Público pidió en 2006 el archivo de la causa en la que están procesados Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Juan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga, al considerar -ni más ni menos- que no existen pruebas suficientes que acrediten la conexión de Egunkaria, como "instrumento de financiación", con ETA, ni el delito de integración en organización terrorista que se imputa a los cinco ex directivos del diario.

Nunca hasta ahora en la historia de la Audiencia Nacional se había dado esta circunstancia en juicios relacionados con la actividad de la organización armada. Es la primera vez que la Fiscalía retira su acusación contra personas acusadas de delitos terroristas y, pese a ello, el juicio ha seguido adelante a instancias únicamente de la acusación popular, que ejercen la asociación Dignidad y Justicia, y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Pese a ello y tras casi siete años de incertidumbre judicial, los cinco imputados, que se sentarán a partir de mañana en el banquillo de los acusados con una solicitud de pena de catorce años de prisión, tienen sus esperanzas puestas en la posición del propio Ministerio Público, concretamente del fiscal Miguel Ángel Carballo, que se desvinculó de un proceso insostenible ante la "falta de pruebas".

Precisamente, los abogados defensores, Iñigo Iruin, José María Elosua, Félix Cañada e Iñaki Peláez, harán suya esta alegación fiscal para pedir la absolución de los procesados, ante la negativa del juez encargado de juzgar el caso, Javier Gómez Bermúdez, de archivar la causa.

Cabe recordar la claridad del escrito del Ministerio Público, en el que afirmaba no sólo que no existían "indicios sólidos suficientes" contra los acusados, sino que tampoco se podía acreditar "ni que el periódico -Egunkaria- sea fuente de financiación de ETA, ni que sea instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda".

UN PROCESO CON MATICES Sea como fuere, el juicio se va a celebrar -con dos primeras sesiones y se retomará posteriormente en enero- tras un proceso judicial con matices y evidentes diferencias respecto a otros relacionados con el supuesto "entramado de ETA". Una de las más evidentes es, sin duda, la instrucción del caso. Si bien el resto de sumarios englobados en la teoría del "todo es ETA" fueron instruidos por el juez artífice de esa tesis, Baltasar Garzón, el caso Egunkaria fue instruido por el juez Juan del Olmo, el mismo que ordenó el cierre del periódico el 20 de febrero de 2003. En reiteradas ocasiones se ha dicho que este caso era "una patata caliente que no quería nadie", y es que, cuando menos, es sospechoso que el propio Garzón, tal y como se especuló en su día, rechazara la causa.

Asimismo, es cuestionable y, en ello hará hincapié la defensa, la forma de proceder de la Policía y su particular interpretación de los documentos incautados a ETA hace 20 años en los que se basa este proceso judicial. Documentos que ya han sido analizados en otros juicios, como el 18/98, en el que se concluyó que era el periódico Egin al que hacían referencia los citados papeles. En este sentido, cabe recordar que el Supremo declaró posteriormente ilícito el cierre de la editora de este diario.

A partir de mañana en el juicio por el caso Egunkaria volverán a reinterpretarse esos documentos, que fueron desempolvados por la Guardia Civil en 2001 en un contexto político muy concreto, en la era Aznar, en la que por aquel entonces se llegó incluso a hablar de la suspensión de la autonomía vasca. En este sentido, los propios imputados están convencidos de que fueron víctimas de una estrategia política contra el euskera, la cultura vasca y todo lo relacionado con el nacionalismo vasco.