200 profesionales reclaman que no haya rentas inferiores a 600 euros para frenar la exclusión

pamplona. Unos 200 profesionales, voluntarios e investigadores pertenecientes a diversas universidades, ONGs y administraciones públicas de todo el Estado han rubricado un manifiesto con 40 propuestas de "urgencia" para acabar con los niveles de desigualdad social "especialmente elevados en el contexto europeo en las últimas décadas". La denominada Declaración de Pamplona, consensuada durante las jornadas sobre Exclusión y Ciudadanía celebradas en la UPNA, plantea que la pobreza y la exclusión social es una "injusticia social" que afecta a la dignidad de las personas y conculca los derechos humanos de un modo "inadmisible en una sociedad que dispone de recursos y de riqueza suficiente para todos, por lo que debería ser declarada ilegal". Sin embargo, el país viene arrastrando en las últimas décadas tasas de pobreza cercanas al 20%. El aumento de la población carcelaria y de las demandas en los servicios de salud mental forman parte también de este "deterioro" de la calidad social, al igual que el desempleo.

En primer lugar, exigen que se garanticen unos ingresos adecuados para todos los ciudadanos de forma que nadie se encuentre por debajo de una renta de 600 euros reformando el sistema de ingresos mínimos, desde el subsidio por desempleo o los complementos de mínimos de pensiones hasta las pensiones no contributivas o las rentas mínimas. Asimismo, deberá garantizarse especialmente la "erradicación" de la pobreza infantil. Proponen también reforzar el sistema educativo en especial de quienes han abandonado de forma temprana sus estudios, fomentando la escolarización de colectivos desfavorecidos y con una oferta diversificada hasta los 18 años. Otra demanda es garantizar unas políticas activas de ocupación basadas en una formación profesional adaptada y accesible a las personas vulnerables y con itinerarios personalizados y prolongados. También plantean una reforma laboral que reduzca la precariedad y mejore la calidad del empleo, con especial "urgencia" en sectores "históricamente discriminados" en su régimen laboral.

El grupo promotor también aboga por potenciar la capacidad de los servicios sociales de ofrecer apoyos y acompañamiento para el desarrollo personal y la integración en la comunidad. Otra clave al propugnar nuevas políticas que garanticen el acceso de la vivienda a todas las personas, especialmente a los grupos más desfavorecidos y evitar las situaciones de pérdida por desempleo. Las ayudas públicas deben priorizar el fomento del alquiler, la intervención en barrios desfavorecidos a través de intervenciones "integradas de vivienda, trabajo social, educación, formación y empleo". Y las ayudas fiscales a la compra de vivienda han mostrado su carácter "regresivo e incentivador" de la inversión. A su vez, la propuesta de ley estatal de Economía Sostenible no es "viable" ya que el nivel de renta máximo para obtener esta desgravación (24.000 euros) exigiría un precio de vivienda "inexistente en el mercado si se mantiene una relación razonable, como que el precio no supere cuatro veces el salario anual".