Los obispos reclaman que el aborto siga siendo considerado un delito

madrid. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha planteado que el aborto siga siendo considerado un delito y subraya que la doctrina de la Iglesia en relación con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo "no va contra nadie ni contra ningún partido". "No se entiende que quitar la vida de un ser humano inocente no pueda ser un delito", dijo ayer en rueda de prensa el obispo auxiliar de Madrid y secretario general de la Conferencia Episcopal. Juan Antonio Martínez Camino, junto al obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella, presentaron a los medios la declaración Ante la crisis moral y económica, que fija la posición de la Iglesia ante las causas y las víctimas de la crisis económica.

Martínez Camino realizó estas manifestaciones un día después de que la Comisión de Igualdad del Congreso, aprobara con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, el proyecto de ley que reforma la legislación sobre el aborto.

En el turno de preguntas posterior a la presentación, Martínez Camino afirmó que "el pecado gravísimo del aborto es un pecado, y hay que decir que una cosa es el pecado y otra el delito; y es verdad que no todo lo que es pecado tiene que ser siempre delito". "¿Puede alguna legislación civilizada considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no es un delito?", preguntó a continuación Martínez Camino.

El portavoz añadió que este "gravísimo pecado del aborto ha de ser en cierta manera recogido como una situación que legalmente no pueda ser aceptada; no puede haber un sistema jurídico justo que dé curso legal a quitar la vida a un ser humano". Además criticó que en el proyecto de ley del aborto, la lesión "grave" al derecho a la vida "pretenda ser considerado como un derecho". "¿Como puede ser un derecho lesionar el derecho a la vida?; eso es un contrasentido moral y jurídico", manifestó con rotundidad.

A su vez, reconoció que a la hora de aplicar la doctrina de la Iglesia en relación a temas como el aborto pude haber "defectos" y ha insistido en que "no es contra nadie en particular, ni se ha elaborado contra un partido o contra una persona".

respuesta del gobierno Por su parte, la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó ayer la "satisfacción" del Ejecutivo tras el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSOE en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque "da más legitimidad si cabe" a la nueva norma. Alabó el trabajo de los grupos parlamentarios que están trabajando sobre el texto en la Comisión de Igualdad del Congreso porque "desde las legítimas posturas han sabido consensuar" el texto "preservando los principios que el Gobierno se marcó en un principio". Afirmó que este acuerdo parlamentario también se traducirá en "mayores garantías" para las mujeres y los profesionales.

En cuanto a las críticas de la Conferencia Episcopal Española, la vicepresidenta reiteró que "la Iglesia tiene derecho a participar en los debates sociales, pero a la hora de legislar, la palabra la tienen los representantes de la Soberanía, es decir, el Parlamento".