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reducen 12 millones en dependencia y otros programas de empleo e intervención social
El PSN pacta enmiendas por 21,5 millones para compensar unas cuentas que prevén 30 millones para el pabellón Arena
ana ibarra - Jueves, 26 de Noviembre de 2009 - Actualizado a las 07:21h
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Dos mayores contemplan la ciudad desde la Taconera. (Foto: javier bergasa)
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pamplona. Una apuesta decidida por impulsar los conciertos con residencias -la mayoría con ánimo de lucro- para atender a grandes dependientes con derecho a esta prestación incluyendo los que ya viven en estos centros (en su mayoría ocupando plazas privadas) y, por otro lado, menores partidas en los programas de ayuda a domicilio (también garantizados por la Cartera de Servicios Sociales ante una posible caída de la demanda). Asimismo, el impulso a nuevos centros asistenciales (salud mental, discapacitados y menores), junto al refuerzo de la caja anticrisis mediante el pago de renta básica (15 millones cuando este año se llevan gastados 18 millones al ser obligatoria por ley) -8 millones en 2009- y, en materia deportiva, un pabellón polideportivo Reyno Arena que lastra en 30 millones las cuentas del capítulo Deportes, consumen las principales partidas del presupuesto de Asuntos Sociales para el 2010. Un proyecto contable pendiente de corregir a la espera del encaje de las enmiendas, 11 ya pactadas con el PSN. En concreto, las enmiendas suponen un aumento de gasto de 21,5 millones en este departamento y el recorte en un 7% de las nuevas inversiones (al pabellón polideportivo se destinan 1,7 millones menos y lo mismo ocurre con los nuevos centros asistenciales). Entre ellas destaca la residencia-hogar de salud mental en Sarriguren y Pamplona, el centro de discapacitados de Sarriguren y el centro de menores de Ilundáin. Muchas del Plan Navarra 2012.
Las principales partidas que se recortan tienen que ver con programas sociales. En concreto, se ven afectados por su menor cuantía el programa de empleo social protegido (de 5,1 a 3,3 millones), las ayudas de emergencia social (de 10.000 a 2.000), las ayudas técnicas a la movilidad de personas dependientes y mayores (0) , el convenio con Anfas para el programa de vivienda (de 497.026 a 251.000), o con el Cormin. También merman las inversiones en centros públicos para personas con discapacidad y de enfermedad mental y los programas de entidades del área de personal con discapacidad. Igualmente, se limitan los fondos para mantenimiento y equipamiento de centros propios. Por otro lado, disminuyen las aportaciones a los ayuntamientos en capítulos como la transferencia a entidades locales para inversiones en tercera edad (de un millón a 34.000 euros), para intervención social con minorías étnicas (no hay aportación), los fondos para los ayuntamientos en políticas de igualdad (de 150.000 a 225.000) o en instalaciones deportivas, además de las instalaciones de juventud de entes locales (eran 356.000). Se refuerzan por otro lado las políticas de familia exceptuando la conciliación.
Pese a ser el área más potente de Asuntos Sociales (155,3 millones) la mayor reducción del gasto corresponde a la Dependencia con doce millones por debajo del año anterior, precisamente la misma cantidad que ha enmendado el PSN en su pacto con UPN. El grueso de la Dependencia (el Estado aporta el 17%), con más de cien millones, es para inversiones y conciertos. Casi 53 millones se destinan a ampliar los acuerdos con centros privados de la tercera edad frente a los 36,4 millones del año anterior. El departamento prevé así la creación de 800 plazas públicas hasta alcanzar 2.000 en 2011. Optimizar recursos, arraigar al dependiente en su entorno, respetar su capacidad de elección y garantizar la viabilidad de las residencias rurales son los argumentos que aduce el Ejecutivo al convertir plazas privadas en "públicas" y al crear una bolsa de plazas públicas en residencias. Por otro lado, las ayudas para "la atención a servicios personales para la dependencia" (personas atendidas en domicilio) se llevan la mitad del dinero: 14,8 millones frente a los 33,7 del año anterior, al igual que las ayudas vinculadas a servicios (contrataciones) que pasan de 6,8 a 3,7 millones para el 2010. Finalmente, la gestión de centros de personas con discapacidad cuesta 26,4 millones, y 4,4 las de centros para enfermedad mental, cifras similares a las del ejercicio anterior.
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