Arranca la Europa de Lisboa

Con la elección de Van Rompuy como presidente del Consejo Europeo, la CE inicia el proceso de reforma institucional que emana del Tratado de Lisboa, el sucedaneo de la fallida Constitución europea que, a su vez, trataba de suplir el fracaso de aquellos Estados Unidos europeos que soñaron los padres de Europa Adenauer, Schuman, Monnet y De Gasperi. Su anhelo era una unión política, que se ha ido descartando tratado tras tratado, mientras se avanzaba en la unión mercantil a la que los ciudadanos dan la espalda elección tras elección y referéndum tras referéndum. Tanto es así que el mayor enemigo de la Europa actual es su propia ciudadanía. Las instituciones comunitarias tiemblan cada vez que se ven forzadas a consultar a los ciudadanos -algo que tratan de evitar a toda costa- haciendo patente el divorcio existente entre administradores y administrados.

A las autoridades de Bruselas les preocupa esta falta de sintonía con los ciudadanos, sobre todo antes de cada periodo electoral y siempre han claudicado ante cualquier petición de un país que amenace con una consulta. La solución que da el Tratado de Lisboa contra tanto sobresalto es el fín de la controvertida unanimidad. En algunos asuntos como son, lógicamente, la política Exterior y la Defensa común se mantiene la unanimidad, pero también en temas de Fiscalidad y de Seguridad Social, lo que deja bien a las claras la vocación mercantilista del acuerdo. En el resto, el Consejo decidirá atendiendo al peso de cada Estado. Los más pesados son Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, que cuentan con 29 votos cada uno. Tras ellos se sitúan España y Polonia con 27, seguidos de Rumania: 14; Holanda: 13; Bélgica, Grecia, Hungría, Portugal, la República Checa: 12; Austria, Bulgaria, Suecia: 10; Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Lituania, Eslovaquia: 7; Chipre, Estonia, Letonia, Luxemburgo, Eslovenia: 4; Malta: 3 o sea un total de total 345, quedando la mayoría cualificada en 255.

un poder matemático El número de votos se ha establecido atendiendo a la población e importancia del país en cuestión y las deciciones se tomarán por la mayoría cualificada del 55% de los miembros del Consejo que representen a Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65% de la población. Todo esto entrará en vigor en 2014. ¿Por qué no ahora? Por una imposición de Polonia en ese sentido. Pero no es la única ya que el Tratado de Lisboa contempla excepciones para Reino Unido, Irlanda, República Checa...

Y por si fuera poco embrollo, a partir del 1 de abril de 2017, si un número de miembros del Consejo que representen: al menos el 55% de la población, o al menos el 55% del número de Estados miembros podrá constituirse como una minoría de bloqueo a cualquier decisión. Y todo esta ingeniería legal para evitar los vetos a las decisiones políticas, porque en el aspecto económico el acuerdo es total. Es más, éste constituye la columna vertebral del Tratado de Lisboa, firmado en plena euforia de un neoliberalismo económico que ha acabado estallando en mil pedazos provocando la actual crisis financiera.

Lisboa es un acuerdo económico que consagra los principios de mercado elevándos a un rango constitucional -la libertad de tránsito de mercancías, de capital, de asentamiento, de servicios y de mano de obra, al tiempo que obvia el carácter social de la economía tal y como recogen algunas constituciones de Estados miembros como Alemania o España. Y además desaparece la exigencia de una "competencia libre y no falseada" que proclamaba el rechazado proyecto constitucional.

La entrada en vigor en diciembre del Tratado de Lisboa modifica también la composición del Parlamento y otorgará al Estado español cuatro eurodiputados más en plena legislatura. Aunque no es el único Estado, sí que es el que obtendrá más: de los 18 nuevos escaños, cuatro serán para el Estado español. Este cambio será especialmente jugoso para el PSOE, que se llevará la mitad de ellos e igualará a la delegación socialista más numerosa, la alemana. El tercer eurodiputado en liza será para el PP y el último, para CiU.

Con todo, lo que más les podría doler del Tratado de Lisboa a los padres de Europa es la vuelta atrás que supone este acuerdo, a pesar de nombrar al primer presidente de Europa -que tendrá una remuneración cercana a los 25.000 euros mensuales libres de impuestos-. Los grandes triunfadores de este acuerdo son los Parlamentos de los Estados miembros que no sólo no pierden competencias sino que recuperan algunas de las perdidas en tratados anteriores. No obstante, tras el fracaso constitucional, era el único acuerdo posible.

El dilema que plantea este Tratado es si un europeísta debe darle la espalda o apoyarle. La solución no es fácil, pero ningún partidario de los Estados Unidos de Europa va a alinearse ahora con los euroescépticos, así que darán su apoyo al nuevo presidente del Consejo.

los estados unidos de europa La idea de unos Estados Unidos de Europa, que resurge con fuerza tras la II Guerra Mundial, propugna un sistema federal similar al de los Estados Unidos de América donde el poder es traspasado por parte de los Estados soberanos a una autoridad federal. Históricamente, Francia y Alemania han sido los más firmes defensores de esta forma de gobierno para mantener la independencia respecto de la fuerza militar y financiera de los EE.UU. y de la desaparecida URSS. La actual Unión Europa no es más que una alternativa a la unificación europea constituyéndose como una confederación comercial y financiera.

Revelador de lo que los actuales Estados quieren para el viejo continente fue Nicolas Sarkozy. El mandatario galo señaló durante la última presidencia francesa de la UE ante el Parlamento europeo la necesidad de dar "un nuevo empujón a su idea de "una Europa basada más sobre Estados fuertes que sobre las instituciones". El presidente francés contradecía con sus palabras el sueño europeo de su compatriota y padre de Europa, Jean Monnet para el cual "los hombres pasan, otros vendrán a sustituirnos. No podemos legarles nuestra experiencia personal; lo que sí podemos legarles son las instituciones".

En el documento fundacional europeo, Declaración Schuman (1950), ya se decía que la producción económica común "garantizará inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo, primera etapa de la federación europea". Ahora la bonanza económica ha dejado de ser un paso para la federación de Estados pasando a ser un fin en sí mismo.

¿Tendrán más peso los parlamentos de los Estados?

Sí. Por primera vez, los Parlamentos nacionales quedan plenamente reconocidos como parte del tejido democrático de la Unión Europea y se toman medidas para que tengan una participación más estrecha en las actividades de la Unión Europea. En concreto, podrán actuar como "guardianes" del principio de subsidiariedad. Los Parlamentos nacionales podrán manifestar su parecer desde la fase inicial de una propuesta, antes de que la estudien a fondo el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros.

¿Mantienen los Estados miembros su propia política Exterior?

No. La Unión Europea actuará como tal cuando tenga hablar con una sola voz en la escena internacional. Hay toda una serie de cuestiones de política exterior que aconsejan la actuación conjunta de los Estados miembros de la Unión Europea. Con el cargo de Alto Representante no se crean nuevas competencias, sino que se simplifica la acción exterior de la Unión Europea, eliminando las redundancias y confusiones.

¿Se creará un ejército europeo con el Tratado?

No. La defensa seguirá estando en manos de cada país. El Tratado prevé que los Estados miembros puedan poner capacidades civiles y militares a disposición de la Unión para aplicar la Política Común de Seguridad y Defensa. Sin embargo, cualquier Estado miembro podrá oponerse a las operaciones de ese tipo y las aportaciones se harán siempre de forma voluntaria. Cuando un grupo de Estados miembros lo desee y cuente con los medios necesarios para ello, podrá participar en misiones de desarme, misiones humanitarias y de rescate, misiones de asesoramiento militar y misiones de mantenimiento de la paz. Y, desde luego que ningún Estado estará obligado a participar en las misiones.

¿Aumentará el número de decisiones tomadas en Bruselas?

No. El Tratado permite una aplicación descentralizada de las políticas de la Unión Europea. Además, incorpora las dimensiones local y regional al marco jurídico, al afirmar que la Unión debe respetar la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a sus estructuras fundamentales, también en lo referente a la autonomía local y regional.

¿Camina hacia los Estados Unidos de Europa?

No. El Tratado de Lisboa es un compromiso internacional suscrito y ratificado por Estados miembros soberanos que deciden compartir parte de su soberanía en el marco de una cooperación supranacional. Reconoce que la Unión refleja la voluntad de los Estados y sus ciudadanos y que las competencias de la Unión Europea emanan de dichos Estados.