Cadena perpetua/Apropiación indebida (I)

UNA de las pocas cosas que a políticos y representantes institucionales varios de nuestra Comunidad se les puede exigir, fácil de cumplir por ellos, es la de no educar, no moralizar; pero, sobre todo, la de aplicar el sentido común, que no es otro que el de poner en práctica aquello que ya saben, y que suelen olvidar en virtud de algún desconocido mecanismo, por no decir virus, que adquieren sólo por su nominación al puesto.

Llevamos una época en la que los apoyos, ayudas, etcétera se están ofertando desde la Administración sin que se exija nada a cambio en otros sectores. Reconozco que es una utopía pretender, por ejemplo, que como contraprestación limiten su rentabilidad.

Sin embargo, a unos anónimos pretendientes compradores destinatarios de unas viviendas de protección pública se les comunica que su futura adquisición no podrá sobrepasar la variación del IPC, en el mejor de los casos, durante treinta años, que no durante toda la vida, en un alarde de condescendencia; es decir, que no podrán descalificar la vivienda que adquieran, que es muy malo especular, y que después de treinta años ya no se especula.

Como justificación para ello, se les viene ofreciendo, dada su acreditada pobreza, desde un 16% a un 0% del precio de la vivienda de subvención ayuda, como si el 100% o el 84% de la inversión y esfuerzo del anónimo comprador careciera de todo valor.

Dicho esto, me da la impresión que hay dos tipos de propiedad privada y su correlativo derecho a proteger, siendo el de un adquirente de vivienda de protección pública el que no debe de estar reflejado, al parecer, al hilo de lo que se propone desde el Gobierno desde hace unos no muchos años, y que el proyecto de la nueva Ley de Acceso a la Vivienda pretende reconsagrar con la aquiescencia o silencio de la mayoría.

El nuevo proyecto de ley que parece que han pactado UPN/PSN, con el beneplácito de la Asociación de Constructores Promotores y el silencio de la Asociación de Consumidores, dicen que establece para esos seres anónimos la condena a treinta años en lugar de la cadena perpetua de la no descalificación permanente.

No me parece que sea legítima dicha medida a los que adquieran una vivienda protegida, ni me parece justo que su comprador sea el único al que se le limite su propiedad al establecerse la no descalificación perpetua o la de treinta años de dichas viviendas, algo que considero estar muy próximo a una apropiación indebida del esfuerzo económico que todo comprador debe de realizar en dicha adquisición y que se olvida.

El derecho presunto de la Administración, protectora de la sociedad, en su labor intervencionista, no debe de ir más allá del porcentaje que en el precio de la vivienda supongan las subvenciones que conceda a su comprador, y eso es cuantificable y medible; exigiendo su devolución si se descalifica, e incluso participando en la plusvalía proporcional que su aportación genere, y esto no es cuestión de adoctrinamiento, sino de aplicar las reglas de la propiedad compartida en proporción a lo aportado.

La vivienda protegida debe de ir recuperando las condiciones que siempre tuvo para el comprador, para las mentes calenturientas no he dicho promotor, tras su adquisición, de tal forma que al comprador le motive su adquisición y genere actividad.

La vivienda protegida siempre se pudo descalificar, devolviendo las ayudas y subvenciones percibidas con sus intereses correspondientes. Tal olvido sólo pudo venir motivado por algún moralista o educador fanático que se olvidó incluir también las actividades de los que no necesitan acreditar su pobreza.

En evitación de conjeturas en quienes lean este texto, diré que pienso que la promoción/construcción de viviendas protegidas deben de ser uno más de los motores de la economía, y para ello pienso que cualquier legislación que en materia de vivienda se pueda dictar, tiene que discernir claramente que no es lo mismo inmoBilizar que inmovilizar, y mucho más hoy en los días que corren; de tal forma que se garantice la necesidad real de vivienda, pero no inmovilizando ni la subvención ni al comprador generador de empleo y riqueza, y más cuando la medida afecta a 7 de cada 10 compradores futuros, dado que el 70% de los planeamientos contendrán viviendas de protección pública.

Poder descalificar la vivienda protegida, siempre que ésta se conceda inicialmente en función de necesidades reales y en los términos apuntados, es un factor que favorece a todos y no perjudica a nadie. No olvidemos que es la escasez de las cosas la que produce el alza de los precios, y eso es lo que realmente hay que combatir. Que existan muchas viviendas construidas será la mejor noticia que se puede leer en los periódicos para los consumidores anónimos, quizás no para unos pocos que intuyo que están por la labor contraria.