La Audiencia Nacional atribuye al Gobierno el envío de los piratas a España y no a Kenia

madrid. La Audiencia Nacional ordenó trasladar a España, en vez de a Kenia, a los piratas detenidos por participar en el secuestro del atunero Alakrana después de que el Gobierno comunicara su detención a este tribunal, al considerar que la competencia del caso corresponde a la justicia española. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quiso dejar claro ayer que este tribunal no tomó la iniciativa a la hora de decidir a dónde debían ser trasladados los piratas, cuyo encarcelamiento en España está complicando la liberación de los 36 tripulantes del pesquero después de 43 días de secuestro.

Según la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón "cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar" la situación de los detenidos, después de la petición que le cursó la Fiscalía General del Estado, a partir de la denuncia del arresto presentada por la Abogacía del Estado.

"Ningún juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna", concluyó el tribunal, de cuya decisión depende qué se va a hacer con los piratas Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, cuyo regreso a Somalia exigen los secuestradores para poner fin al cautiverio.

el gobierno cierra filas A la explicación de la Audiencia Nacional se unió la del Gobierno, que aseguró que la detención de los dos piratas se asumió "por unanimidad" de todos los integrantes de la comisión de seguimiento del secuestro. Este órgano está encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, e integrado por los ministros de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; de Defensa, Carme Chacón; de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), José Julio Rodríguez.

Según el Gobierno, el arresto se tomó a la luz de los informes que poseía el JEMAD, después de que algunos medios hayan publicado que hubo discrepancias a la hora de decidir si se detenía o no a los dos piratas y si había que trasladarlos a Kenia o a España.

El Ejecutivo no ofreció ayer pistas sobre la vía legal por la que va a optar para resolver el problema, aunque la decisión judicial para que se pueda materializar está en manos de la Audiencia Nacional.