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EFE - Martes, 27 de Octubre de 2009 - Actualizado a las 10:16h
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PAMPLONA. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, decretó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de tres de los cinco detenidos el viernes en Navarra y Zaragoza por su presunta relación con los actos violentos asumidos por el grupo de extrema derecha Falange y Tradición.
Se trata de J.I.I.S., de 41 años, B.P.I., de 23, y J.L.M., de 41, arrestados el primero en Sunbilla, el segundo en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y el tercero en Orkoien. La juez, que les considera los cabecillas de este grupo fascista, les imputa los delitos de asociación ilícita, amenazas, coacciones y daños, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). No les atribuye, sin embargo, tenencia ilícita de armas, pese a que el Ministerio del Interior informó de que disponían de munición de guerra que no llegó a precisar.
La juez también ordenó dejar en libertad provisional a D.M.E., de 20 años, y F.D.T., de 19, ambos detenidos en Barañáin, con la obligación de presentar una fianza de 6.000 euros en las próximas 48 horas. Además, les impone asimismo la obligación de comparecer todos los lunes en el juzgado.
Los detenidos, que permanecían desde el viernes en las dependencias que la Comandancia de la Guardia Civil tiene en Pamplona, fueron trasladados a primera hora de la mañana al TSJN para prestar declaración. La comparecencia ante la juez fue muy larga -concluyó en torno a las 15.30 horas- y en ella los acusados negaron su participación en los hechos que se les imputan.
Esta operación policial, denominada Quimera, se desarrolló el viernes con los mencionados cinco arrestos y ocho registros, uno de ellos en Irun relacionado con B.P.I. En ellos, la Guardia Civil se incautó, entre otros materiales, de munición de guerra, armas blancas, objetos de simbología nazi, planos de las localidades donde se han producido los hechos, efectos empleados para algunas de las acciones delictivas, como material para realizar pintadas, algunos objetivos prohibidos y documentación en soporte físico e informático.
La operación se inició como consecuencia de la reiteración de hechos delictivos ocurridos en los últimos meses en Navarrra y la CAV, consistentes en amenazas de muerte por carta o mediante llamadas telefónicas a determinadas personas -la mayoría de ellas vinculadas a ayuntamientos y otras instituciones locales-, ataques a monumentos conmemorativos -el monolito en homenaje a los presos fugados del Fuerte de San Cristóbal apareció con varias roturas y pintadas- y propiedades privadas.
Los investigadores concluyeron que se trataba de un grupo "con cierto nivel de organización".
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